Debido a que he tenido la oportunidad de visitar diversos albergues para personas migrantes alrededor de México y conocer las realidades de estos espacios tanto en frontera norte como en frontera sur, generalmente me preguntan: ¿Qué diferencia encuentro en particular entre los albergues y casas del migrante del norte y sur del país? De inmediato, mi respuesta es muy clara, las características sociodemográficas de quienes visitan y se resguardan en estos espacios son muy diferentes, en concreto, porque en ciudades como Tijuana, gran parte de quienes llegan a los albergues son personas mexicanas que sufrieron procesos de deportación en Estados Unidos.
En consecuencia, muchas de las políticas al interior de estos albergues se centran en programas de apoyo para personas que siendo en su mayoría mexicanas de nacimiento o bien, hijas de personas mexicanas de nacimiento, llegan a un país con el que a pesar de que tienen una conexión pasada, el proceso de reintegración se torna complejo, sumado a las experiencias negativas que se viven en una deportación. Por ejemplo, en meses pasados la asociación Al otro lado, que es una organización con presencia en Tijuana, Los Ángeles y San Diego, abrió un centro de bienvenida en la frontera de Tijuana para personas expulsadas de Estados Unidos.
Es aquí donde debemos detenernos. Muchas de las veces por el hecho de que, en efecto, las personas deportadas son personas mexicanas, se piensa que no necesitan ningún apoyo legal o social, pues se encuentran protegidas por los marcos jurídicos y programas sociales ya existentes para la población mexicana en general. Sin embargo, este argumento reduccionista obvia dos cosas: a) La carga psicológica o emocional con la que llegan estas personas por haber sentido que fracasaron en su intento por mejorar sus condiciones de vida, aunado al proceso de deportación que es muy desgastante en sí mismo y b) El sentimiento de llegar a un espacio que no lo concibes como tu hogar, dejando atrás una vida a veces ya construida y un entorno del que te sentías parte.
A pesar de lo anterior, son muy pocos los programas que el gobierno federal proyecta para estas poblaciones, de hecho, el tema de personas deportadas ni siquiera merece un espacio en la Ley de Migración mexicana. En ese sentido, como sucede en muchos otros casos, son las organizaciones civiles las que sustituyen la labor del gobierno y crean programas y esquemas de apoyo, como de hecho pasa en Tijuana.
Ahora bien, estas personas transitan con un estigma, pues se les criminaliza a partir de pensar que fueron deportadas por cometer un delito, cuando en realidad muchas veces solo cometieron infracciones administrativas y de allí devino el proceso de deportación. Ese estigma les genera complicaciones para conseguir empleo, lo que además se suma a otras vicisitudes como la ausencia de documentos de identidad vigentes, la barrera del idioma, el acceso a vivienda y educación, etcétera.
Una manera de no reproducir estos estigmas es siempre partir de la premisa de que la migración es una oportunidad para encontrar formas de desarrollo. Por ejemplo, estas personas en sus experiencias laborales o educativas en Estados Unidos se armaron de capacidades y habilidades que bien empleadas podrían servir como herramientas de las que las empresas y empleadores en Tijuana podrían sacar un gran provecho, empero, a veces el estigma impide siquiera que se les contrate.
Alarcón y Cordero[1] ejemplifican un caso muy notorio en Tijuana que es el caso de los trabajadores de los llamados Call Centers. Como bien lo establecen estos autores, si bien, en casos como este se ha encontrado una forma de desarrollo y de aprovechar las habilidades que estas personas aprendieron en Estados Unidos, en particular, el dominio del inglés, también es cierto que a pesar de ello, su condición de deportadas y, sobre todo, su forma de hablar, de vestir o su pasado en actividades criminales o de pandilla, termina por crear una ambivalencia, en donde a pesar de ser contratadas son también discriminadas por la ciudad en la que ahora se encuentran.
Al hablar de este tema es imposible no referirnos a Trump y su posible llegada a la presidencia de Estados Unidos, en el marco de las recientes declaraciones que ha hecho en las que ha amenazado con deportar masivamente. Bajo este contexto, es momento de repensar la forma en que ciudades como Tijuana afronta la deportación masiva. Desde las políticas de gobierno hasta las capacidades industriales para captar las habilidades de estas personas, sin olvidar la empatía que el resto de la población debemos tener sobre nuestros compatriotas que recién llegan después de ser expulsados de Estados Unidos. No olvidemos a los deportados.
[1] Medina, R. A., & Díaz, B. L. C. (2019). Deportación y trabajadores transnacionales en la industria de los call centers en México. Tla-melaua: revista de ciencias sociales, (1), 120-142.
