El entorno militar que se ha construido en la institución encargada de implementar la política migratoria en México queda de manifiesto en el informe ‘La militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes’, presentado el pasado 14 de marzo por el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) y el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
De acuerdo con el informe, este proceso progresivo de militarización ha propiciado que los agentes migratorios actúen de forma arbitraria, discrecional e, incluso, fuera del marco legal. Dado que no hay mecanismos eficientes de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, se profundizan las situaciones de violencia que viven las personas migrantes y las comunidades a su alrededor.
Asimismo, el documento hace 23 recomendaciones con propuestas concretas para reconducir al INM por una vía civil, apegarse a una actuación respetuosa de los derechos humanos y generar mecanismos de control y supervisión de su actuar.
Durante la presentación, Paola García, autora del informe e investigadora del PRAMI y el PSC de la IBERO, explicó la metodología que se siguió para elaborarlo, resaltando la noción de “guerra” que permea en el Instituto y que se refleja en su forma de actuar, con un manejo de los conflictos bajo la idea de que se tiene que combatir a las personas migrantes como al “enemigo”, cuando en realidad se trata de una situación civil.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, consideró que los programas gubernamentales no resuelven de raíz las causas de la migración.
Lamentó además que la construcción de la política migratoria esté basada en la seguridad nacional, por lo que las personas migrantes son tratadas como delincuentes. Recordó también el acuerdo de 2019, que prácticamente entregó a Estados Unidos el servicio de la Guardia Nacional para la contención migratoria.
Andrea Pochak, Relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó que este órgano internacional se ha pronunciado contra toda forma de violencia hacia las personas en situación de movilidad.
A criterio de la Comisión, dijo, “aunque la Ley de la Guardia Nacional establece que el órgano tiene carácter civil, su organización operativa, la formación de sus miembros con un enfoque militar y su sometimiento a una autoridad no civil, sugieren que en la práctica se trata de una institución militar”.
¿Cómo fue que se militarizó el INM?
El informe señala que el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha militarizado a través de la designación de perfiles militares en puestos estratégicos, la formación de sus agentes en una doctrina militar, el uso de armas exclusivas del ejército en las detenciones y el control migratorio, y el uso de tecnologías de vigilancia para recopilación y transferencia internacional de datos biométricos de forma discrecional.
Explica también la paradoja de que este proceso implica la construcción de un entorno militar en una institución civil cuya función principal es la atención directa a personas en situación de vulnerabilidad.
La evidencia señala que las políticas migratorias restrictivas, con un enfoque de seguridad militarizado, no tienen ningún efecto en reducir la migración, señalaron PRAMI y PSC, pero sí profundizan las situaciones de riesgos a la vida y múltiples violencias que enfrentan las personas migrantes y las comunidades a su alrededor, incluidas las personas que defienden sus derechos.
De acuerdo con el informe, la militarización del INM se refleja en el actuar de sus agentes, que hacen uso de la fuerza, que puede ser de manera arbitraria e ilegal, para detener a las personas migrantes, así como en la creciente opacidad, arbitrariedad, discrecionalidad e impunidad con la que operan.
Además, señala que el INM utiliza múltiples eufemismos con el objetivo de ocultar las implicaciones reales de las acciones que lleva a cabo y para obstaculizar la rendición de cuentas a la que, como instancia de gobierno, está obligado.
El marco jurídico que regula al INM no es claro respecto a las funciones, atribuciones y los grados de responsabilidad de sus agentes, lo que propicia la arbitrariedad, opacidad y nula rendición de cuentas, concluye el informe.
