Por Manuel Noctis
Desde el año pasado, el reforzamiento de la frontera norte de México con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido una constante por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en una clara medida de acuerdo con las políticas de Estados Unidos para contener el flujo de migrantes hacia ese país.
Así lo han venido denunciando diversos activistas y defensores de derechos humanos en la fronteriza Tijuana, quienes alertaron que esta militarización que está llevando a cabo el gobierno mexicano no solo contraviene a los derechos de los migrantes, sino que también los está exponiendo a mayores riesgos al orillarlos a cruzar por zonas de mayor peligro.
La presencia del Ejército, la GN y el INM se percibe desde la zona de Playas de Tijuana, donde el muro fronterizo desemboca en el océano Pacífico, pasando por el área conocida como “El bordo”, la garita de San Ysidro y hasta el Ejido Jacumé, en el municipio de Tecate, donde desde principios del año montaron un campamento para la detención de personas que intentan cruzar el muro.
El padre Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, es uno de los que ha alzado la voz ante esta situación, cuestionando que este tipo de acciones estén solamente enfocadas en la detección de migrantes y no en acciones “que lleven a la detención de los traficantes de personas que se están aprovechando de esta situación”.
El muro mexicano
A finales del 2023, entre noviembre y diciembre, los intentos de cruce masivos de migrantes hacia Estados Unidos incrementaron de forma considerable, principalmente por la zona de “El bordo”, aledaña a la garita de San Ysidro, y era común ver que por las noches o madrugadas grupos de hasta 400 personas buscaban internarse al país vecino.
Esto propició que la GN y el INM montaran vigilancia permanente en la zona, además de que instalaran malla metálica con alambre de púas en la base del piso como en la parte alta de la misma, para bloquear el paso de los migrantes por este lugar, lo cual asumieron como una medida precautoria, pero que activistas condenaron al considerar que se trataba de un muro mexicano al estilo del de los estadunidenses.
Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección de Atención al Migrante (DMAM), declaró en ese momento que: “Esto no significa que se les obstruya el derecho de los migrantes a solicitar asilo, pues este punto no es un puerto de entrada legal”.
Activistas como Judith Cabrera, co-directora de Border Line Crisis Center, fue de las que cuestionaron esta medida, pues “aunque hayan justificado que era para proteger las obras del Viaducto Elevado, cumple justamente el cometido de Estados Unidos de no querer que pasen por ahí los migrantes justo cuando se estaban dando estos intentos de cruce”.
Operativo fronterizo en Jacumé
El Ejido Jacumé, ubicado a una hora y media de Tijuana, es una zona rural por donde se habían estado presentando también cruces masivos de migrantes hacia EEUU, trasladados por “coyotes” (traficantes de personas), razón por la que, de acuerdo con David Pérez Tejada, delegado del INM en Baja California, se instaló un campamento en conjunto con elementos del Ejército y la GN.
En entrevista, refirió que este reforzamiento que instrumentaron en esta zona “ha tenido resultados”, porque “en el año pasado que tuvimos picos de hasta 800 cruces diarios irregulares, los logramos bajar hasta 500 a principios de enero y, a partir de estos campamentos que se instalaron hemos visto cifras recientes de 74 cruces en un día”.
En un recorrido que Nómadas realizó por Jacumé, se constató la presencia permanente que mantienen los elementos del INM, la Guardia Nacional y el Ejército y, de acuerdo con información que fue compartida en el lugar, estos se relevan en dos turnos durante el día para cubrir las 24 horas y de forma permanente.
La presencia y el patrullaje lo realizan en un radar de extensión de 17 kilómetros por toda la frontera hacia el rumbo del municipio de Mexicali, en donde han ubicado al menos ocho puntos que habían estado utilizando para el cruce de personas, en áreas donde el muro presenta huecos o donde por las características del terreno les facilitaba instalar una escalera hechiza para brincar el cerco.
Durante el recorrido se observó una cantidad de materiales y deshechos de comida y botellas de agua, en donde durante meses fueron también campamentos entre los muros para los migrantes que cruzaron y se mantuvieron a la espera de que los recogiera la Patrulla Fronteriza, siendo ahora lugares donde por la presencia militar y de migración han quedado vacíos.
El delegado de migración destacó que este panorama es un reflejo de lo drásticas que han sido sus acciones, pues “los grupos criminales que están traficando con personas y llevándolos a estos puntos alejados, ya han tenido que buscar otros puntos a lo largo del muro fronterizo para poder llevar a las personas para cruzarlos”.
Pérez Tejada argumentó que esto llevará también a que los “coyotes” busquen nuevamente cruzar a las personas por sitios que eran “los de los orígenes”, como lo son la canalización del río Tijuana y la zona norte de la ciudad, ambas aledañas al puerto internacional de San Ysidro, además de cruzar por el mar en la zona de Playas.
Ante estas circunstancias, las labores de contención y de detención de migrantes, que ellos justifican como “rescates humanitarios”, planea intensificarlas incluso con la presencia de elementos de la Marina, lo cual ha sido todavía más cuestionado por ello.
“Solicitamos una presencia permanente de elementos de seguridad en estas zonas también, sobre todo con Guardia Nacional, fuerza estatal y del Instituto Nacional de Migración. Ahora también estamos pidiendo que la Marina esté presente en Playas de Tijuana y si puede sumarse la Policía Municipal de Tijuana también se los agradeceríamos”, dijo.
“El problema es con el crimen organizado”
El padre Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, condenó en entrevista que se esté utilizando a la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad para el tema de los migrantes, pues refiere que “no tienen ningún poder para tocar migrantes en ningún momento, pero así lo están haciendo” y sugirió que esos esfuerzos mejor se utilicen para combatir al crimen organizado.
“Mejor que vayan a buscar a los que están matando a la gente en Tijuana, hace una semana tuvimos tres homicidios frente a la Casa del Migrante y no vino nadie para ayudar a la gente. Yo sé que se necesita hacer algo, pero el problema es con el crimen organizado que está organizando todos estos cruces y pobre gente ya está viendo las repercusiones”, sentenció.
Para el activista, toda esta situación “está conectado con las elecciones de los Estados Unidos, porque (Joe) Biden está manejando todo mandando dinero para que puedan detener la intención de migrantes de este lado para que no crucen. Es un caos en este momento en todas partes y no veo en dónde se puede encontrar esperanza para las personas”.
Murphy reiteró que el problema con estos operativos es que orillan a los migrantes a cruzar “por otros lugares más peligrosos, más lejos y más afuera de la civilización y va a tener más muertos y más problemas”.
“Yo creo que esa no es la solución, lo que se tiene que hacer es buscar soluciones con dignidad para la gente, no para arrestarlos como criminales, no son criminales, los criminales se quedan libres, el crimen organizado está ganando dinero de todo esto y nadie los está molestando a ellos”, dijo.
Señalamientos de corrupción en el INM
Justo en medio de toda esta controversia por la militarización de la frontera y en un momento en el que se venían justificando estas acciones, el INM en Tijuana se vio envuelto en un caso de corrupción, luego de que se diera a conocer que el pasado 29 de febrero fueron detenidos dos funcionarios de dicha institución por el delito de tráfico de personas.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de los funcionarios María Elizabeth Paredes Sánchez y Marte Antonio Camacho Solano, este último quien desde hace 15 años trabaja en esta institución y quien tuvo a su cargo la estación migratoria del INM en Tijuana, y quien desempeñó también funciones de control migratorio en los filtros de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali.
La FGR también confirmó que el pasado 29 de febrero dicha institución realizó un cateo con orden emitida por un juez de Distrito, en un domicilio ubicado en una zona residencial al sur de la fronteriza Tijuana, privada Veneto número 3663 de la Colonia Villas de Santa Fe 5ta Sección, debido a labores de inteligencia que indicaban que ahí se realizaban actividades relacionadas con extorsión y secuestros.
En el domicilio los agentes de la FGR encontraron a las dos personas antes mencionadas, además que encontraron también “15 cartuchos calibre 9 mm, uno de ellos con punta expansiva, 1 millón 90 pesos y 27.000 dólares”, así como cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban al estado con la intención de cruzar a Estados Unidos.
Por este motivo, la FGR abrió la carpeta de Investigación: FED/BC/TIJ/0000550/2024 y puso a ambos funcionarios del INM a disposición de la autoridad, sin embargo, en la audiencia inicial “el juez Oscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención” y ordenó su libertad inmediata; informaron que la carpeta de investigación sigue abierta.
Después de que se diera a conocer este caso, activistas en Tijuana acusaron al delegado de dicha institución, David Pérez Tejada, de minimizar lo que consideran un “acto de corrupción muy grave”.
Judith Cabrera de la Rocha, co-directora de la organización Border Line Crisi Center, cuestionó la tibieza con la que el delegado tomó el caso, exigiendo que se realice una investigación interna a profundidad, para desestimar que haya otras posibles personas implicadas en estos delitos.
“Me parece que es una obligación que tiene, desde los mecanismos internos del Instituto Nacional de Migración, llevar a cabo esa investigación; si bien este no es un crimen que él haya cometido, sí es su responsabilidad como titular del instituto que se encuentren a las personas involucradas y que haya sanciones”, dijo en entrevista con Nómadas.
Delegado reconoce casos de corrupción
En atención a medios, el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, David Pérez Tejada, reconoció que, así como sucede en otras instituciones del gobierno federal, en la que encabeza también hay casos de corrupción.
“Yo no lo niego, y puedo decir que en muchísimas dependencias de nuestro país hay casos de corrupción, se ha hablado y lamentablemente sí sufren muchísimo los migrantes al atravesar nuestro país”, dijo.
Convocados los medios de manera informal, el funcionario dijo en esa atención realizada el viernes 22 de marzo, que la intención de la convocatoria había sido “para esclarecer algunas versiones distorsionadas” del tema, aclarando que él no tenía que ver en el caso, como se manejó en algunos medios.
Aunado a ello, reconoció también que a los funcionarios que han detectado cometiendo actos ilícitos las han cesado: “la gente que nosotros hemos detectado dentro del instituto se le ha cesado, se le ha abierto carpeta ante el Órgano Interno de Control”.
Agregó que “en promedio estamos cesando de sus funciones a dos (funcionarios) por mes por temas de corrupción o porque no pasan el examen de control, porque están asignados a algún punto donde haya algún tipo de denuncia ciudadana”.
Cuando se le cuestionó el por qué este caso no se había dado a conocer hasta que se publicó en la prensa, señaló que “son cuestiones que nosotros no las damos a conocer en muchas de las ocasiones a la opinión pública porque son cuestiones internas, no las podemos dar a conocer por el tema de la privacidad, el acceso a la información y demás”.
También refirió que él personalmente no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que no sabía si los funcionarios investigados estaban implicados o por cuáles delitos en sí estaban acusados.
Cuando se le cuestionó si dudaba sobre estas acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República, el delegado manifestó que “yo solo me guío por lo que sé y realmente, pues lo que todos saben es lo que se ha manejado en los medios”.
Sobre los cargos que desempeñaban los funcionarios, dijo que María Elizabeth Paredes era Oficial de Protección a la Infancia, aunque también realizaba labores administrativas “y me ayudaba a temas de contestación de oficios y de llamadas, llevar las bitácoras”
En el caso de Marte Antonio Camacho, dijo que él desempeñaba funciones de encargado del turno vespertino de la garita de El Chaparral y también “llegó a estar en el pasado como encargado de la estación migratoria”.
También manifestó que no le preocupaba el tema en sí porque “las investigaciones se realizan cuando hay algún acto, alguna denuncia, alguna sospecha y los que han estado investigados ya no están” y sobre un interés personal sobre indagar si hay más personas involucradas, expresó que “hasta que la fiscalía no determine ni nos pida más información, pues no sabemos a qué obedece”.
Preocupante que se minimice el caso
Para la activista Judith Cabrera el caso que se investiga “es algo muy vergonzoso y escandaloso para una institución federal que está a cargo precisamente de cuidar a la población migrante y por otro lado es un secreto a voces que con esto se confirma”.
“Lo más preocupante del caso, si bien, se está destapando un caso de corrupción muy profunda, es una persona que tenía 15 años en el cargo, pero que el titular en este momento esté de hecho minimizando las cosas, encubriendo a las personas que cometieron estos delitos”, dijo.
Agregó que, “al decir que tienen estos puestos menores, nos habla también de una indolencia total, una falta de sensibilidad ante lo que está pasando, parece como si no se tomara en serio la gravedad de que sea el gobierno federal cometiendo crímenes contra la población migrante”.
La activista destacó que “siendo un caso tan grave, me parece una burla que diga que no se tiene por qué informar, por supuesto que los medios deben de estar enterados, la población en general; creo que muchos mecanismos se deberían haber movido para impedir que estas cosas sigan sucediendo”.
“Estamos hablando sí de corrupción, pero el hecho de que encuentres armas, cartuchos, te hace preguntarte hasta dónde llega esto, qué tan involucrados estarán también en el tráfico de personas y en los secuestros, entonces, queda clara esta intención y creo que nos deben a la sociedad civil no nada más una mejor ejecución de sus funciones y transparencia, también la libertad para por lo menos hacer nuestro trabajo”, puntualizó.
Frontera controlada por el crimen organizado
El padre Patricio Murphy resaltó que este caso de corrupción no se debe desestimar de ninguna manera, puesto que, pese a la militarización de la zona fronteriza, los cruces irregulares hacia Estados Unidos han ido en incremento asegurando que el crimen organizado tiene realmente el control total de la frontera y en ello podría haber colusión con las autoridades, como fue el caso de los dos funcionarios del INM.
“La verdad es que quien está controlando la frontera es el crimen organizado, la gente sigue cruzando irregularmente con números espantosos y nadie habla de este tema, (las autoridades) han perdido el control y ojalá que, más allá del tema de las elecciones, puedan controlar la frontera por el bienestar de la gente que está cruzando”, resaltó.
El también activista señaló que este control e involucramiento del crimen también tiene que ver con las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos, que les abren las puertas a los traficantes de personas, pues “se están aprovechando de la vulnerabilidad y desesperación de las personas que buscan refugio”.
Al respecto, el director municipal de atención al migrante, Enrique Lucero Vázquez, aseguró que el cruce irregular de personas hacia Estados Unidos “se ha convertido en un negocio altamente lucrativo para el crimen organizado, tan lucrativo como lo es el tráfico de drogas, que ya ha tomado control de la frontera”.
El funcionario reveló en entrevista que los migrantes pueden llegar a desembolsar hasta 40 mil dólares por un cruce. Tan solo en 2023 las autoridades migratorias tuvieron un registro de 2.3 millones de cruces irregulares, alcanzando diciembre de ese año un pico histórico de 300 mil cruces, 50 mil de ellos a través de Baja California.
San Diego, la nueva puerta de la inmigración a EE.UU.
El aumento de cruces irregulares en los últimos meses de 2024 ha posicionado a San Diego como la nueva puerta de la inmigración hacia Estados Unidos, pues tan solo en la última semana de abril, la Patrulla Fronteriza registró más de 9 mil 513 detenciones de personas que intentaron cruzar por esta ciudad californiana, mientras que, en Tucson, Arizona, reportaron 7 mil 600.
De acuerdo con estos datos, son alrededor de mil 250 cruces diarios los que se dan por esta zona fronteriza, que del lado mexicano comprende desde Playas de Tijuana hasta el Ejido Jacumé, municipio de Tecate.
Al respecto, el gobernador de Texas, Greg Abbot, indicó en su cuenta de X que gracias a sus medidas de seguridad en la frontera con México es que han reducido los cruces por esta zona en un 72%, mientras que en otros estados fronterizos como California han tenido aumentos de hasta un 24%.
Enrique Lucero Vázquez señaló que otro de los factores que ha derivado en mayores cruces irregulares hacía Estados Unidos, es que México ha dejado de expedir y renovar tarjeta de visitante por razones humanitarias, además que los mexicanos son los que siguen liderando la estadística de cruces.
Agregó que la demora de hasta seis meses en las citas mediante la aplicación CBP-One, aunado a la desesperación e incertidumbre que ello genera entre la población migrante, también son factores que han generado ese incremento de cruces por esta región, lo cual ha desencadenado en otra situación alarmante, las muertes y accidentes de migrantes tratando de cruzar el muro y a través del mar.
Con base en los casos que han sido públicos y los datos del Consulado de México en San Diego, en lo que va de 2024 son siete personas migrantes las que han perdido la vida en esos intentos de cruce; cuatro mexicanos por caída del muro, un mexicano por ahogamiento en Playas de Tijuana, un extranjero por ahogamiento (se desconoce la nacionalidad) en la canalización del río a la altura de los outlets de las Américas y un jamaiquino por hipotermia en Jacumé, Tecate.
Finalmente los activistas coincidieron en que es necesario hacer una revisión a fondo de todo esto que está sucediendo en Tijuana en materia migratoria y con el proceder del Instituto Nacional de Migración, pues la vida y la seguridad de las personas migrantes está en riesgo y en juego, sobre todo considerando el proceso de elecciones que se vienen tanto en México como en Estados Unidos, lo cual va a ser significativo para su futuro en cuanto a los acuerdos que se tomen entre ambos países sobre la situación migratoria.
