Salir de los países de América Latina para llegar a Estados Unidos en busca de asilo es un camino que se torna cada vez más riesgoso para mujeres, niñez, hombres y comunidad LGBTI.
Insight Crime tuvo acceso a una entrevista con Chiara Marinelli, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual participó en un informe sobre los peligros que enfrentan los refugiados y migrantes en Sudamérica y el Caribe, pero que afecta de igual forma a centroamericanos y mexicanos.
El texto es un trabajo para la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), Marinelli y un grupo de investigadores señalan como el tráfico de personas, la explotación sexual o trabajo forzado, así como el reclutamiento por parte de grupos armados, forman parte de una esfera de violencia que se torna más difícil de sobrepasar para las personas.
Durante la entrevista se le comienza cuestionando cuáles son los principales factores para que migrantes y refugiados venezolanos sean presa de las mafias de los distintos países que hay alrededor.
“Deben pagar para hacer el viaje migratorio, y muchos de ellos carecen de los recursos para hacerlo. Esa es la primera señal de alerta para el crimen organizado, pues pretende sacar provecho de los migrantes, y para ello busca satisfacer sus demandas. Los migrantes tienen diversas necesidades: necesitan cruzar la frontera, necesitan alimentos, ropa y muchas cosas más. Esa es entonces su primera gran vulnerabilidad, y el crimen organizado sale al paso para ofrecer esos servicios”, indicó la investigadora.
A esta respuesta, añadió que una vez cruzada la frontera las personas buscan iniciar una nueva vida en el país que arriban, no obstante, al no tener documentos legales para laboral, aunado al desconocimiento y temor de ser deportados, optan por trabajar en las distintas modalidades que tienen las mafias.
La migración que se da en la actualidad entre países sudamericanos no era tan común en el pasado, detalló Marinelli, algo que los grupos del crimen organizado han sabido aprovechar y adaptarse.
“Colombia y Brasil, por ejemplo, tienen una mayor presencia del crimen organizado y actores armados no estatales. Los migrantes venezolanos no saben lo que esto significa realmente, por lo que quizá llegan a Colombia, donde les ofrecen trabajo recolectando hojas de coca. Aceptan los trabajos pensando que luego podrán marcharse, pero no pueden hacerlo. O quizá se establecen en el país y abren una tiendita, pero pronto se convierten en blanco de las extorsiones. La protección que se les ofrece es incluso menor, ya que los países a veces se niegan a reconocer algunas de estas situaciones”, apuntó la entrevistada.
Durante la pandemia del Covid-19 se presentaron modificaciones en la forma de operar de los delincuentes dedicados a la explotación sexual, en Perú, mencionó la académica, se retenía a mujeres y niñas en departamentos, las cuales eran recogidas por clientes que viajaban en automóviles, mismos que tras unas horas las regresaban al departamento o casa de seguridad.
En ese mismo sentido, observa que hay una diferenciación de las fuerzas de los gobiernos para atender un tema poco tratado, la explotación sexual y laboral de hombres, adolescentes y jóvenes.
“El problema es que no llegamos a reconocer que un hombre pueda ser víctima de la trata de personas. ¿Por qué? Porque la explotación de mujeres y niñas es el estereotipo. Cuando la policía lleva a cabo operaciones, no identifica a los hombres como víctimas. Por ejemplo, van a zonas mineras y encuentran mujeres y niñas explotadas sexualmente. Pero, aunque también hay muchos hombres y niños que trabajan en las minas como víctimas de trabajo forzado, solo rescatan a las niñas”, advirtió Marinelli.
La situación se torna más áspera la comunidad migrante de América Latina, migrar ya no es sinónimo desde hace varias décadas de buscar una mejor calidad de vida, las personas y familias salen huyendo por la inseguridad de morir en manos de los cárteles de drogas y mafias que controlan sus países de origen.
Esto ha generado que cada vez sean más lo que se desplazan de manera forzada, haciendo la situación más difícil de atender y, por el otro lado, siendo para los delincuentes una mayor probabilidad de ingresos.
“La mayoría de los migrantes, no solo los venezolanos, deben conocer los riesgos del crimen organizado. En segundo lugar, los gobiernos deben proporcionar servicios a todas las poblaciones vulnerables, e incluso aumentar los servicios para las personas LGBTQI y para hombres y niños. Esta es una labor que debe ser sostenible en el tiempo, por eso necesitamos grupos mixtos de los organismos de seguridad porque el crimen organizado no se enfoca en un solo crimen”, expuso la académica.
“La trata de personas también causa violencia de género, que debe ser tratada por un especialista. Se necesitan personas que trabajen contra el narcotráfico o el crimen organizado, con el fin de atacar las estructuras criminales, y necesitamos especialistas contra el lavado de dinero. Y por último está el asunto de la financiación: si las autoridades no cuentan con los recursos adecuados, incluso las mejores políticas no servirán para nada”, concluyó.
