La organización Al Otro Lado denunció mediante un comunicado la política migratoria de contención que ejerce el gobierno de México, con la cual, la Guardia Nacional emprende acciones en donde “hace uso excesivo e ilegítimo de la fuerza pública y criminaliza a migrantes”, además que realiza “detenciones arbitrarias y traslados al sur del país”.
En el documento la organización señala que “la noticia del asesinato de un joven migrante de origen mexicano por disparos en la espalda, perpetrados por agentes de la Guardia Nacional en la zona montañosa de Tecate, cercana a la frontera con Estados Unidos en diciembre de 2023, no sólo causa dolor e indignación, sino que confirma el costo letal que ha significado el que México en los hechos haga suyas políticas migratorias de Estados Unidos con enfoque de seguridad y criminalización”.
“Habilitar a la Guardia Nacional, quien aun siendo una institución de carácter civil tiene un perfil militarizado, para ejecutar medidas de control migratorio, ha tenido consecuencias fatales para la población migrante, pues ha sido señalado como responsable de por lo menos cuatro migrantes que han fallecido, no en vano el año pasado fue una las instituciones que recibió más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, manifestaron.
Recalcaron para las organizaciones que brindan apoyo y acompañamiento a la población migrante, “resulta preocupante constatar que la violencia institucional de los cuerpos de seguridad contra esta población que busca acogerse a la protección internacional persiste impunemente”.
“Cuando hemos hecho públicos incidentes de violación a derechos humanos, como la incursión de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) al albergue Border Line Crisis Center, hace unos meses, no observamos ninguna disposición por parte de las autoridades, en principio a asumir la responsabilidad de sus actos, mucho menos para dialogar y buscar medidas que garanticen la no repetición”, destacaron.
De igual manera, precisaron que, de acuerdo a la encuesta de riesgos que aplica la propia organización Al Otro Lado a los usuarios de sus servicios, destaca que durante 2023, de las 12 mil 491 personas que la respondieron en Tijuana, 16% informaron haber sufrido abusos de la policía; más de una cuarta parte (27.9%) de los encuestados LGBTQ+ declararon haber sufrido abusos policiales y casi una quinta parte (19.2%) de los encuestados que residen en albergues de Tijuana afirman haber sufrido malos tratos por parte de la policía local, agentes de migración y los cuerpos de seguridad nacional.
“Los abusos contra migrantes no dan tregua, hace un par de días fuimos testigos de la detención arbitraria por parte de la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración de un grupo aproximado de 20 personas de origen haitiano, quienes en su mayoría cuentan con una condición regular de estancia, aun así fueron remitidos a la Estación Migratoria, incluso dos menores de edad de 6 y 12 años de origen haitiano que no hablan español fueron separados de su familiar y remitidos al DIF, sin siquiera haber sido entrevistados por un oficial de protección a la infancia”, resaltaron.
Por lo anterior, Al Otro lado exigió “un alto a los abusos y violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante y el cese a la política de contención que no resuelve ni resolverá la problemática de la migración irregular y hacemos pública nuestra petición a la gobernadora Marina del Pilar para facilitar un espacio de diálogo en la mesa estatal de seguridad del Gobierno del Estado que sostienen las autoridades cada lunes, como un gesto de su apertura y buena voluntad para buscar solución a la violencia institucional y sistemática de los cuerpos de seguridad contra población migrante en Baja California”.
