Estamos a escasos días de que terminara una jornada electoral histórica, no solo porque a nivel federal seremos gobernados por primera vez por una mujer, sino porque ha sido la candidata con más votos desde que se iniciaron estos ejercicios democráticos en México. Sin embargo, a nivel local, en la sui generis Tijuana hay algo que llama la atención más allá del resultado avasallador que obtuvo el candidato ganador de la presidencia municipal: ¿Y la migración?
Si se revisan con detalle las propuestas no solo del candidato ganador sino de todos los contendientes a la presidencia municipal de Tijuana, el tema migratorio no figura como un tópico principal. Esto es incongruente puesto que Tijuana sigue siendo un espacio social crucial en la realidad migratoria.
Tan solo hace semanas se dieron acusaciones graves contra dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, por presuntos temas de corrupción y trata de personas, a la par que con más frecuencia se han observado cruces irregulares masivos por el muro fronterizo de la avenida internacional a la altura de las colonias castillo, alemán y zona norte.
A esto además hay que sumar que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2022)[1] viene dando un puntual seguimiento a los episodios de desplazamiento forzado interno, destacando por ejemplo que, en 2021, se presentaron 42 episodios que afectaron a 379,322 personas, siendo las principales entidades federativas expulsoras en ese año: Chiapas, Michoacán y Zacatecas. Esto se relaciona con Tijuana en virtud de que, gran parte de estas personas desplazadas de manera forzosa de sus lugares de origen o residencia termina por movilizarse hacia la franja norte del país en búsqueda de solicitar asilo en Estados Unidos, siendo Tijuana un lugar atractivo por su vecindad con California, considerada un espacio santuario para migrantes.
Como se puede ver, es inapropiado no destacar propuestas de atención y gestión del fenómeno migratorio en Tijuana por parte de los candidatos a la presidencia municipal, cuando la ciudad alberga una variedad de dimensiones que ameritan planes, acciones y programas.
La competencia federal del tema migratorio fundamentada en el texto constitucional mexicano no da pie para el desinterés o desatención de los órdenes gubernamentales estatal y municipal, pues ellos son los primeros respondientes ante las eventualidades más emergentes y porque finalmente al estar en juego muchos derechos humanos, todas las autoridades de todos los niveles de gobierno tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos, como también lo dispone la Constitución Mexicana.
Resulta curioso el contraste con los procesos electorales de hace seis y tres años, respectivamente, para la presidencia municipal de Tijuana. En esos procesos el tema migratorio sí era un tópico crucial en la agenda de los candidatos. Basta recordar el vergonzoso desliz de Juan Manuel Gastelum en 2018 cuando llamó públicamente “vagos” y “mariguanos” a las personas que arribaban a Tijuana en las llamadas caravanas migrantes, principalmente de origen hondureño.
Del mismo modo, cómo se asoció con el Instituto Nacional de Migración para criminalizar a la migración y arrestar por infracciones administrativas menores a las personas de las caravanas, para luego, en los separos, llamar a la autoridad migratoria y proceder a su deportación, en un afán de ganar adeptos en un momento de polarización en la sociedad tijuanense donde había quienes se oponían ferozmente a la llegada de estos éxodos migrantes.
También vale la pena recordar como la actual alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero fue nombrada por el todavía presidente de México Andrés Manuel López Obrador como “alcaldesa migrante” por ser originaria de Oaxaca y gobernar Tijuana, así como la manera en que, en diversos foros, de modo recurrente abordó aspectos relativos a la migración.
¿Qué es lo que diferencia los procesos anteriores del reciente? ¿Por qué antes se habló mas de temas migratorios y constituían un punto nodal en la agenda pública? La cuestión es muy simple, estos dos procesos anteriores estaban enmarcados bajo el contexto de coyunturas muy notorias en la ciudad sobre la migración: las caravanas migrantes de Centroamérica en 2018 y el campamento de El Chaparral en 2021.
En otras palabras, la migración tenía en aquel entonces un valor político, es decir, hacía ganar o perder votos en las urnas por la polarización que persistía en ambas coyunturas. Ahora no, por eso no les interesa el tema. La preocupación por el fenómeno migratorio no es una reacción genuina en nuestras instituciones locales, no les preocupa la niñez migrante, los desplazados internos o la gente que huye de Centroamérica o el Caribe por condiciones de vida totalmente indignas, lo que les preocupa son nuestros votos.
Reducirnos a números, cosificarnos, tanto a nosotros como votantes como a las personas migrantes, a quienes solo les toman interés si las decisiones que apliquen puedan incidir en un resultado electoral. Así que a la pregunta inicial de: ¿y la migración? La respuesta es “bien, gracias”.
[1] Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021. Informe 2021, https://cmdpdh.org/2023/01/24/presentacion-informe-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-2021/
