Por David Juárez
La madrugada del 7 de junio de 1998, el Ejercito mexicano, a través del 27 Batallón de Fuerzas Especiales al mando del general retirado José Alfredo Oropeza Garnica, sitió la escuela rural Caritino Maldonado Pérez y ejecutó a 11 civiles.
La noche del seis de junio de 1998 una fuerte lluvia azotó a la comunidad de Charco, un caserío en una hondonada custodiada por montañas de apenas 300 habitantes, del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
En aquellos años, varios comisarios que se habían dado cita para una reunión regional que se llevaría a cabo los días 6 y 7 de junio se quedaron a pernoctar en la escuela del poblado.
Después de una lluvia la oscuridad se hizo más espesa y osca, el tiritar de los grillos fue interrumpido por una frase que marcaria la vida y la historia de la región.
“¡Salgan perros, entreguen las armas!”, ¡Les vamos a dar chilate con pan!” (El chilate es una bebida tradicional de la región hecha de cacao).
A los gritos le aconteció el ruido de botas acomodándose en posición de combate, luego tiros, tiros y más tiros. El resultado, 10 campesinos asesinados extrajudicialmente y un estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala.
Un cuarto de siglo ha transcurrido y la impunidad permea en el caso, ningún militar ni civil ha sido detenido.
Este miércoles el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, ofició una misa donde nombro al Ejército asesino: “Eso son, unos asesinos, pues lo que hicieron no tiene otro nombre” e hizo un llamado al jefe de las fuerzas armadas a no mantener los asesinatos en la impunidad, pues de hacerlo se volvería cómplice por omisión.
El caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el único caso en México donde se señala directamente al Ejército bajo pruebas de asesinato extrajudicial, tortura y un sinfín de violaciones a derechos humanos.
La masacre se dio en un contexto de campaña contrainsurgente en Guerrero, donde la insurgencia armada realizaba una consulta popular y la población tomaba decisiones acerca de su autonomía.
