Sugiere Pérez Canchola convertir a Tijuana en ‘Ciudad Santuario’ para migrantes
José Luis Pérez Canchola, exprocurador de Derechos Humanos de Baja California y miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, propuso que Tijuana fuera reconocida como una Ciudad Santuario con el objetivo de poner fin a los abusos policiacos contra los migrantes en la región.
El experto argumentó que, a pesar de que las condiciones para tal designación estaban presentes, se requiere voluntad política por parte del Cabildo para tomar una decisión al respecto.
En Tijuana, la Policía Municipal fue acusada repetidamente de aprovecharse de la vulnerabilidad de los migrantes, extorsionándolos y despojándolos de sus pertenencias.
Subrayó que la fuerza pública no debe intervenir en asuntos migratorios, a menos que se cometieran delitos o faltas administrativas, y sugirió que la remisión de migrantes al Instituto Nacional de Migración no está a cargo de las autoridades locales.
Además, destacó casos en los que la Policía ha intentado ingresar a albergues de migrantes sin justificación, señalando que el reconocimiento de Tijuana como Ciudad Santuario debería cambiar esta situación.
José Luis Pérez Canchola también abordó la actuación de la Guardia Nacional, enfatizando que su intervención debe limitarse a solicitudes del INM y que cualquier otro tipo de acción sería ilegal.
A pesar de un amparo previo 1597/2018 logrado por la asociación Alma Migrante, que prohíbe a la Policía Municipal detener a personas por su situación migratoria, continúan reportándose detenciones arbitrarias y extorsiones.
El exprocurador lamentó la falta de voluntad para hacer cumplir esta disposición judicial y sugirió que, sin sanciones, los abusos persistirían por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales para que tomaran medidas.
Destacó el ejemplo de California, el estado con mayor población migrante en Estados Unidos, que logró la designación como Estado Santuario con resultados positivos.
En última instancia, Pérez Canchola instó a las autoridades municipales a tomar medidas concretas y establecer la declaración de Ciudad Santuario, donde la orden principal fuera no intervenir, con sanciones en caso de incumplimiento, como una forma efectiva de abordar el problema.