El pasado martes 10 de diciembre la Junta de Supervisores del condado de San Diego aprobó una norma que no permite el uso de los recursos del gobierno condal para la aplicación de las leyes federales de migración.
Con una votación de tres a uno, la medida llega en respuesta a la promesa del presidente electo, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas, lo que lo convierte al condado en un área santuario.
La norma, presentada por la presidenta de la junta, Nora Vargas, prohíbe específicamente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) utilice las instalaciones, el personal y los fondos del condado, incluidas las cárceles.
Con esta norma también se pone fin a la práctica del Departamento del Alguacil de San Diego de notificar y transferir a indocumentados bajo su custodia a ICE sin una orden judicial.
Vargas basó su propuesta en el marco del Acta de Valores de California, que limita la forma en que la policía y oficinas del estado pueden colaborar con los agentes de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales de migración.
Con la aprobación de la medida, el condado de San Diego se suma a otros ocho condados de California que han aprobado o adoptado políticas internas similares que protegen a los migrantes y aumentan las protecciones establecidas por el Acta de Valores de California.
