La periodista Adela Navarro, directora general del Semanario ZETA, ha sido objeto de varias amenazas de muerte durante los últimos, las cuales podrían estar relacionadas con investigaciones que ha realizado evidenciado actos de corrupción de gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Articulo 19 condenó estas amenazas y señaló que la periodista ha recibido ocho llamadas telefónicas con amenazas entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025, y refiere que, en todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato.
Detalló que los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con un identificador de llamadas, lo cual ha dificultado conocer el origen de éstas.
Además, resaltó que las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en torno a una narcofosa y se han intensificado luego de revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal.
“Entre otras publicaciones recientes del semanario ZETA se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.”, precisó la organización.
Articulo 19 precisó que Navarro informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva.
Al respecto, el Colectivo #YoSíSoyPeriodista también se pronunció, exigiendo “a las autoridades de Baja California y de la Fiscalía General de la República que investigue y sancione las amenazas que ha recibido la periodista Adela Navarro, porque el trabajo periodístico libre no puede estar bajo amenaza cuando incomoda a las esferas de poder”.
En Nómadas apoyamos totalmente a la periodista Adela Navarro y también condenamos estas amenazas, además exigimos a las autoridades de gobierno y la FGE para que investiguen y esclarezcan esta situación, y se garantice la seguridad e integridad de la periodista y su equipo.
