Por Ernesto Zarco Ortiz
Durante la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, su discurso mantuvo el sello distintivo de su retórica: un nacionalismo ferviente acompañado de promesas de endurecer las políticas migratorias y reforzar procesos de securitización.
Una vez más, sus palabras estuvieron cargadas de señalamientos que criminalizan a las personas migrantes, a quienes acusa de amenazar la estabilidad y seguridad del país. Trump ha equiparado a estas personas con terroristas, narcotraficantes, delincuentes y, de manera preocupante, ha incluido en este mismo grupo al colectivo LGBT+ y otras identidades de género y sexuales no normativas.
En reiteradas ocasiones, Trump ha responsabilizado a las comunidades LGBT+ y a las personas migrantes de alterar el orden social y “atentar contra la paz y estabilidad” de Estados Unidos. Sus discursos no solo perpetúan narrativas de exclusión, sino que también refuerzan un enfoque heteronormativo que invisibiliza y estigmatiza a estos grupos.
El pasado 20 de enero, en su discurso inaugural, Trump reafirmó su agenda discriminatoria al anunciar medidas inmediatas contra las personas migrantes en situación irregular. Entre las disposiciones más alarmantes, destacó su intención de relanzar y fortalecer el programa “Quédate en México”, que obliga a quienes solicitan asilo a permanecer fuera del territorio estadounidense mientras esperan la resolución de sus casos. Además, reiteró su rechazo a reconocer identidades de género diversas, indicando que su administración trabajará bajo la noción binaria de género, ignorando así las realidades de las personas transgénero y no binarias.
Esta postura no sólo deslegitima las vivencias de las personas LGBT+, sino que también refuerza una narrativa excluyente, heterocentrista y profundamente discriminatoria. Al negar su reconocimiento y visibilidad, se perpetúan dinámicas de exclusión hacia un colectivo históricamente marginado, agudizando las barreras que enfrentan tanto a nivel social como en el acceso a derechos fundamentales, incluido el derecho al asilo.
En este contexto, resulta preocupante que, a tan solo unas horas del inicio del nuevo mandato, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) decidiera cancelar la operación de la aplicación CBP-One y, además, anunciara que todas las citas previamente programadas quedaban anuladas.
Esta decisión ha dejado a decenas de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos en una situación de incertidumbre, enfrentándose a una imposibilidad de avanzar en sus procesos, lo que los obliga a permanecer en condiciones de espera prolongada.
Este acto no es aislado, sino que forma parte de lo que podría interpretarse como una estrategia de producción de estructuras cronopolíticas: un sistema de control que regula las vidas de las personas a través de la administración de sus tiempos y espacios. Estas medidas afectan particularmente a los procesos de solicitud de asilo, imponiendo barreras mediante la vigilancia, las demoras y las restricciones en los movimientos de quienes buscan protección en Estados Unidos. Si bien, en administraciones anteriores, a través de políticas como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y la implementación de herramientas como la aplicación CBP-One, ya se habían establecido mecanismos que prolongaban deliberadamente la espera migratoria como forma de contención, las nuevas medidas que cancelan por completo las citas representan una intensificación de estas prácticas. Esto ha generado una creciente ansiedad y desasosiego en las personas migrantes, profundizando su vulnerabilidad y dejándolas atrapadas en un sistema diseñado para perpetuar la incertidumbre.
En este contexto, cabe mencionar las formas de actuación del Estado mexicano, las cuales se han visto sobre pasadas y que en muchas ocasiones le ha imposibilitado la forma de actuar medianamente bien para la protección de las personas en proceso de desplazamiento migratorio, que por un lado, han quedado en el olvido de la atención humanitaria del gobierno de México o también, han sido víctimas de la misma estructura de espera, pues hay un calentamiento de los tramites de refugio, permiso de tránsito o visa humanitaria y que también, las personas migrantes han experimentado el control de sus movilidades a través del internamiento en las “estancias” migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).
Ante estas problemáticas y el debilitamiento de México como un Estado benefactor de protección humanitaria internacional, diversas organizaciones civiles han surgido y se han articulado para brindar apoyo a las personas en tránsito migratorio.
Las recientes prohibiciones, la cancelación de citas y la creciente persecución y deportación de personas migrantes en situación irregular en los Estados Unidos, colocan a estas organizaciones frente a desafíos aún más complejos.
Esto les obliga a replantear estrategias para continuar ofreciendo asistencia humanitaria. Por ejemplo, en Tijuana, hacia finales de 2024, operaban tres albergues especializados en la atención de personas migrantes que se identifican como parte de la comunidad LGBT+. Sin embargo, uno de estos albergues cerró sus puertas debido a la falta de recursos, resultado tanto de una disminución en el apoyo financiero por parte de sus donantes como de las políticas migratorias anunciadas por la administración de Donald Trump. Estos factores han restringido la capacidad de atender a personas LGBT+ en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que huyen de contextos de violencia y exclusión en sus países de origen.
Cabe mencionar que uno de los cinco motivos protegidos por la ley estadounidense para solicitar asilo —según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)— es la demostración de persecución por pertenecer a un grupo social en particular. Este criterio, en un enfoque amplio, incluye características compartidas como género, orientación sexual, identidad de género o pertenencia a grupos que enfrentan discriminación sistemática y violencia.
Entre 2017 y la fecha, se ha registrado un incremento en las solicitudes de asilo por parte de personas LGBT+ en tránsito, muchas de las cuales argumentan que sus vidas están en peligro debido a su identidad y que sus países de origen carecen de medidas efectivas para garantizar su seguridad y bienestar.
Sin embargo, las declaraciones de Donald Trump, junto con la implementación de decretos presidenciales basados en una retórica excluyente, transfóbica y profundamente arraigada en una concepción binaria de género, plantean una amenaza significativa para este criterio de asilo. Trump ha declarado que su administración únicamente reconocerá la existencia de dos géneros: hombre y mujer. Este enfoque pone en riesgo la validez de las solicitudes de asilo fundamentadas en motivos de identidad de género u orientación sexual, al tiempo que perpetúa una narrativa de exclusión que invisibiliza a las personas con identidades sexo-genéricas diversas.
Aún en los casos donde se otorgara el asilo a personas LGBT+, estas quedarían en un estado de desprotección dentro de un entorno hostil. La administración de Trump ha mostrado una y otra vez una retórica que estigmatiza a las identidades disidentes, profundizando las exclusiones históricas que este colectivo ha enfrentado en todo el mundo. De esta forma, las personas migrantes LGBT+ enfrentan una doble vulnerabilidad: por su estatus migratorio y por su identidad sexo-genérica, en un contexto marcado por narrativas que parten de perspectivas cristianas conservadoras, reduccionismos biologicistas y un afán por invisibilizar todo aquello que desafíe las normas tradicionales de la moralidad y ciudadanía “americana”.
Este panorama evidencia procesos de exclusión estructural que reavivan dinámicas que la sociedad estadounidense, como colectivo, ha intentado superar a lo largo de los años. Las políticas y retóricas de esta administración no solo vulneran los derechos humanos de las personas migrantes y de las comunidades LGBT+, sino que también minan los avances hacia una sociedad que reconozca y respete la diversidad como un valor fundamental de los derechos universales. Por otro lado, será imprescindible analizar con mirada crítica la forma en que el gobierno mexicano responderá a estas políticas excluyentes y violentas de Estados Unidos.
Entre los retos que deberá enfrentar están, por una parte, la gestión de las devoluciones masivas de personas migrantes que realice el gobierno estadounidense, y, por otra, el diseño de mecanismos efectivos para proteger tanto a la población mexicana como a las personas extranjeras en situación de indefensión. Este desafío es particularmente urgente cuando las experiencias de desplazamiento migratorio son resultado directo de las violencias sufridas en los países de origen de estas personas.
Además, el Estado mexicano deberá establecer estrategias para proteger a las personas LGBT+ más allá del contexto migratorio, ya que los discursos de odio y las retóricas de exclusión basadas en sexo-género provenientes de Estados Unidos inevitablemente resonarán en México. Estas narrativas podrían intensificar la discriminación y las acciones excluyentes hacia las identidades no cis-heterosexuales que conviven en el país.
También será crucial fortalecer a las organizaciones y actores de la sociedad civil que, como se ha señalado anteriormente, desempeñan un papel fundamental en la protección de las personas migrantes y en la promoción de los derechos humanos. Estas organizaciones han asumido responsabilidades que el Estado, debido a la sobrecarga o falta de capacidad, no ha podido cumplir. Garantizar que cuenten con los recursos necesarios para continuar con su labor es esencial para mitigar los efectos de estas políticas excluyentes y ofrecer un apoyo sólido a los sectores más vulnerables.
*Ernesto Zarco Ortiz es Investigador postdoctoral de la SECIHTI en el departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.