Con los cambios en las políticas migratorias de Donald Trump referentes al asilo, especialistas y activistas en Tijuana advirtieron sobre la situación de vulnerabilidad a la que se están enfrentando las personas en tránsito, particularmente la población LGBT+, considerando que en México tampoco existen garantías para su protección.
Ernesto Zarco Ortiz, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), compartió en una columna para Nómadas que lo preocupante de la disposición de Trump de trabajar bajo la noción binaria de género y el cancelar los procesos de asilo, dejó a centenares de migrantes en la frontera en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
“Además porque también obliga a las personas a permanecer en condiciones de espera prolongada y en terrenos de alta vulnerabilidad, donde quedan en el olvido de la atención humanitaria del gobierno de México, siendo víctimas de la misma estructura de espera”.
El especialista refirió que, parte de la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas migrantes de la población LGBT+ es la limitada capacidad de atención de las organizaciones civiles, ya que, al menos en Tijuana, son pocos los lugares y albergues donde se reciben y atienden a estas personas de forma digna y no discriminatoria.
Uno de estos espacios es La Casita de Unión Trans, que coordina la activista Susana Barrales, quien confirmo lo dicho por el especialista:
“En Tijuana no hay espacios seguros para los migrantes, mucho menos para los que pertenecen a la población trans, e incluso hemos sido violentadas en espacios que, entre comillas, son seguros para la población en general, pero si viene una mujer trans y LGBTI no son recibidos.
“Son espacios que se dicen abiertos para toda la población, pero en la práctica no lo son, porque no nos incluyen y a dónde van a parar luego todas estas personas, pues a la calle y qué vamos a ir a hacer a la calle, pues a buscar cómo sobrevivir, y lo primero que vamos a hacer, es ingresar al trabajo sexual, las circunstancias mucho nos orillan a ello”, recalcó.
Ante estas circunstancias, Barrales resaltó que, con todo y las limitantes que han tenido en apoyos y recursos, ellas siguen trabajando en la atención a estas personas debido a estas limitantes, pero también por todo lo que las políticas de Trump han generado, incluso con casos de intento de suicidio.
“Estas políticas excluyentes generaron un choque emocional muy fuerte entre las compañeras de la comunidad, están con mucho mal psicológico; vienen huyendo de la violencia de sus lugares de origen y que les hayan cortado su oportunidad de asilo de un momento a otro las llevó a entrar en un estado de shock”, dijo.
La activista refirió que con su organización y albergue atienden actualmente a personas de la comunidad LGBT+ originarias de Venezuela, Panamá, Honduras y otras del interior de México, la gran mayoría de ellas sin poder aún encontrar estabilidad en la ciudad derivado de diversas limitantes y adversidades.
“Son casos muy específicos los que nos están afectando, la violencia que vivimos en Baja California desgraciadamente nos perjudica, a ello se suma la violencia verbal y la administrativa, que se refleja mucho en el sector laboral y en las condiciones que se les ponen a las mujeres trans y de la propia comunidad”, destacó.
Barrales señaló que una de las acciones que realizan, precisamente para facilitar su integración social, es posicionando a las mujeres trans y de la comunidad en trabajos para evitar que lleguen a esa situación de prostitución a la que son orilladas, lo cual ha permitido que muchas personas puedan irse asentando en la ciudad.
“Tengo la fortuna de tener conocidos que me dan espacio para emplear a las chicas y poder ofrecerles una bolsa de trabajo, eso es algo muy importante que tiene Casita, que ellas laboran en espacios seguros y que no las dejamos que se estanquen”, puntualizó.
