Militarizar la Guardia Nacional potenciaría el trato indigno hacia los migrantes: Espacio Migrante
La inminente votación en el Senado sobre la reforma constitucional que busca militarizar la Guardia Nacional ha encendido alarmas entre activistas y defensores de los derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan con la población migrante en Tijuana.
La medida, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pretende colocar a los más de 130 mil elementos de la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que ha generado preocupación por el potencial impacto en las libertades civiles y el trato a los migrantes.
Paulina Olvera Cáñez, directora ejecutiva de Espacio Migrante, expresó su rechazo a la militarización de esta fuerza de seguridad. Según Olvera, esta medida podría intensificar las violaciones a los derechos humanos que ya han sido denunciadas en diversas regiones del país.
“Hemos visto muchas violaciones a los derechos humanos, incluso en la vía pública, que usan el perfilamiento racial para detener a las personas”, afirmó.
La activista subrayó que, a pesar de que el gobierno promueve el libre tránsito para los migrantes, en la práctica la situación es muy distinta.
En Tijuana, una ciudad fronteriza clave para los migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos, se han reportado numerosos casos de abuso por parte de la Guardia Nacional. Las quejas incluyen detenciones arbitrarias, la pérdida de pertenencias, y el uso excesivo de la fuerza.
A pesar de que no se cuenta con estadísticas oficiales detalladas sobre estos incidentes, Espacio Migrante sigue de cerca los casos reportados por los residentes que llegan a sus refugios. Olvera explicó que muchas veces los migrantes tienen miedo de denunciar debido a los largos y complicados trámites legales, y en algunos casos, prefieren cruzar la frontera antes de iniciar un proceso legal en México.
Por otra parte, la comunidad internacional también ha manifestado su preocupación por la militarización de la Guardia Nacional. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido sobre los riesgos de esta medida.
Un reciente posicionamiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas expresó su alarma ante la posibilidad de que la reforma aumente los casos de desapariciones forzadas y la impunidad en México.
“El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”, señalaron en su declaración.
La militarización de la Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido defendida como una medida necesaria para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad pública. Sin embargo, la implementación de esta reforma ha levantado cuestionamientos sobre el balance entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
La Guardia Nacional, que se creó en 2019 con la promesa de ser una fuerza civil, ha sido objeto de críticas por su creciente papel en operativos migratorios, donde activistas aseguran que se han incrementado los abusos.
“Tienen miedo y a veces los procesos son muy largos, si alguien sí se anima a denunciar, ya para cuando le vamos a dar seguimiento, ya la persona cruzó”, explicó Olvera, refiriéndose a la reticencia de los migrantes a denunciar los abusos.
La militarización de la Guardia Nacional no solo pone en peligro la seguridad de los migrantes, sino que también podría agravar la impunidad y los casos de abusos por parte de las autoridades.
La votación en el Senado, que se espera para esta semana, será un momento decisivo para determinar el futuro de la Guardia Nacional y su relación con las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, activistas, organismos internacionales y defensores de derechos humanos continúan alertando sobre los riesgos que conlleva la militarización en un país con un historial preocupante de violaciones a los derechos fundamentales.