‘Las nadadoras’, película recién estrenada en la plataforma de Netflix, está basada en la historia real de Sarah y Yusra Mardini, dos hermanas nadadoras sirias que en 2015 huyeron de la guerra en su país, en búsqueda de una nueva oportunidad en tierras europeas.
La historia cuenta el duro trayecto que como refugiadas tuvieron que sobrepasar, lleno de peligros y obstáculos; volaron a Líbano y de ahí a Turquía, hasta llegar al punto de enfrentarse a traficantes que las llevaran por el Mar Egeo a Grecia.
En dicha travesía en barco, se enfatiza en el momento en el que el motor de la embarcación dejó de funcionar y comenzó a hundirse, por lo que las hermanas saltaron al mar y llevaron la embarcación, junto con varios refugiados y atadas a unas cuerdas, a la orilla. En un nado de alrededor de cuatro horas, en donde salvaron a todos los pasajeros.
Si bien, la historia se centra en las hermanas, ‘Las nadadoras’ también es un duro retrato de la guerra, la inmigración y la dura odisea que los refugiados llevan es su camino, además una muestra del espíritu de superación y los valores deportivos.
En la vida real, Yusra destacó en la natación y fue de las seleccionadas para participar como parte del Equipo Olímpico de Atletas Refugiadoos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En Brasil, la nadadora siria logró su gran sueño de estar presente en la máxima justa mundial y representar a los millones de refugiados que han salido de su país en búsqueda de una mejor situación de vida.
Participación que Yusra repitió en Tokio 2020, siendo la abanderada de la delegación de los Atletas Refugiados. Hoy es embajadora de buena voluntad en la ACNUR.
Mientras que Sarah, impactada y sensibilizada por la experiencia de haber tenido que atravesar el Mediterráneo en un bote neumático, decidió abandonar las competiciones y regresó a Lesbos para trabajar como voluntaria en la ONG Emergency Response Centre International (ERCI) para ayudar a los refugiados.
En 2018 fue detenida por ello por la policía griega, quienes le acusan de tráfico de personas con una pena de hasta 25 años de cárcel; su proceso está en pausa gracias a ONG’s como Amnistía Internacional, quienes acusan de presiones políticas al gobierno griego.
