El gobierno de Donald Trump ha abierto una nueva fase en su programa de migración, que va mucho más allá de la deportación masiva de migrantes indocumentados, reveló una investigación del periódico The New York Times.
En esta se detalla como los agentes fronterizos estadounidenses están utilizando tácticas más agresivas, que el gobierno denomina “investigación reforzada”, en los puertos de entrada a Estados Unidos, lo que ha llevado a aliados estadounidenses como Alemania a actualizar sus advertencias de viaje.
Al mismo tiempo, el gobierno está persiguiendo a migrantes regulares que han expresado opiniones que el gobierno considera que amenazan la seguridad nacional y socavan la política exterior.
El NYT destaca que estas tácticas han inquietado a los turistas extranjeros y han causado escalofríos en las comunidades de migrantes de Estados Unidos, quienes afirman que se les persigue por sus opiniones, no por infringir ninguna ley.
Además, confirma que los agentes de aduanas tienen amplia libertad para registrar los teléfonos móviles o las computadoras de los viajeros que cruzan a Estados Unidos. Sin embargo, según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, estos registros suelen ser poco frecuentes.
“Cuando se trata de examinar a personas que ya viven en Estados Unidos, los investigadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que suelen centrarse en investigaciones a largo plazo, han estado buscando en videos, publicaciones en internet y recortes de prensa de protestas en campus universitarios contra la guerra entre Israel y Hamás. Después han elaborado informes sobre sus hallazgos para el Departamento de Estado”.
Al parecer, dice el NYT, el gobierno también está obteniendo información de grupos privados como el Foro de Medio Oriente, un grupo de investigación conservador.
Finalmente señalan que, para deportar a personas que viven en Estados Unidos con tarjetas de residencia o visados válidos, el gobierno de Trump ha invocado una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, raramente utilizada, que otorga al secretario de Estado amplios poderes para expulsar a extranjeros a quienes se considera una amenaza para los intereses de la política exterior del país.
