Esta semana se publicó en diferentes medios locales una noticia con relación al ingreso de una joven haitiana a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para cursar una licenciatura. He de decir que, debido a mi trabajo en diferentes organizaciones civiles, conozco la historia detrás de esta joven, su perseverancia, su capacidad y gran deseo por superarse y, por ende, me dio un enorme gusto esta noticia.
Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención fueron ciertos comentarios vertidos en redes sociales, dentro de las publicaciones de los diversos medios que difundieron esta nota. Es preciso mencionar que estos comentarios fueron minoría, pero siguen siendo punzantes y reciben apoyo a través de likes que demuestran todavía sentimientos de rechazo, hostilidad y discriminación entre la gente de Tijuana hacia las personas migrantes que llegan a esta ciudad.
Para ejemplificar, leí los siguientes comentarios: “La felicito, sin embargo, hay jóvenes bajacalifornianos que se quedan sin lugar” y “Que vergüenza que dejen mexicanos fuera por ayudar a extranjeros”. Esto siempre ha sido un debate, la idea de que las personas migrantes al llegar a un determinado territorio se apoderan de oportunidades, trabajos, espacios en escuelas y programas de asistencia social que, de acuerdo con quienes sostienen estos argumentos, deberían tener como prioridad a las personas nativas de estos territorios.
Mi entrañable amigo Diego Amador, justo escribe actualmente una tesis de doctorado sobre esto, en lo que él ha nombrado: El debate de la prioridad: justicia entre migrantes y ciudadanos; pronto saldrá a la luz y estoy seguro de que encontraremos en su contenido muchos argumentos filosóficos para sostener lo que, en pocas líneas y desde una modesta óptica, quiero exponer en esta ocasión desde una perspectiva legal.
Ahora bien, detrás de estos posicionamientos que pretenden dar prioridad a las personas nacionales de un país, hay cosas que no se toman en cuenta. Por ejemplo, esta joven haitiana no se “apoderó” de un espacio universitario, ella participó del proceso ordinario que establece la universidad, realizó su examen de admisión, obtuvo el puntaje debido y cumplió con cada uno de los elementos que establece la normatividad de la Universidad Autónoma de Baja California. Lo anterior quiere decir que, jugó bajo las mismas reglas, en las mismas condiciones y bajo incluso las mismas vicisitudes naturales de estos procesos que los jóvenes bajacalifornianos que lamentablemente no fueron admitidos en esta convocatoria.
Es una pena que estos jóvenes no fueran admitidos y soy el primer convencido de que debería haber más espacios disponibles, pero esto en nada es culpa de una joven que normativa y meritocráticamente cumplió con todo y que tal parece que la única razón por la que se le señala es por su condición de ser extranjera. A lo anterior habría que agregar que nuestra Constitución Mexicana, en su artículo primero, no hace distinciones por nacionalidad u origen étnico a la hora de garantizar derechos humanos, como en este caso el derecho a la educación.[1]
Por lo que, incluso, aunque esta joven no estuviere en una condición migratoria regular en México, cosa que no es así, pues con conocimiento de causa sé que lo está, esto no sería razón para que las instituciones mexicanas le transgredieran derechos humanos o le exigieran condiciones distintas que a las personas nacionales. De hecho, para ser más precisos, el artículo octavo de la Ley de Migración, en su último párrafo, dispone lo siguiente: “En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos”.[2]
Dicho lo anterior, al no haber fundamento legal que sostenga comentarios como los dos ejemplos que coloqué al inicio de esta columna, todo se reduce a un rechazo injustificado y a una búsqueda incesante por encontrar culpables, en donde los extranjeros, como lo dije en una columna anterior, siempre son sospechosos por excelencia.[3] Lo que debió ser una noticia de júbilo y alegría que proyecta una historia de éxito de una joven que salió de un país con tantas complejidades políticas y sociales como Haití, y que ha encontrado en México un espacio para cumplir sus metas como estudiar una carrera universitaria y sobresalir, se quiso ofuscar por comentarios como los analizados.
La discriminación y la xenofobia componen una eterna espiral, pues personas como las que vierten estos comentarios, primero decían que solo quieren recibir a personas migrantes que quieran superarse y que no vengan a delinquir o vivir de la asistencia social; después, cuando ellos intentan participar activamente y de un modo legal en la sociedad de llegada, insertándose al mercado laboral e ingresando a las escuelas, ahora les preocupa que les “roben” los espacios a los nacionales. Es muy sencillo, detrás de esos argumentos está la eterna espiral de la discriminación, la que siempre encontrará una forma de manifestarse, como sucedió con la noticia de esta joven haitiana.
[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[2] Ley de Migración, artículo 8º. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra.pdf
[3] Martínez, C. (2013): “La violación de los derechos humanos de los migrantes irregulares. Un análisis a través del enfoque del estado de excepción de Giorgio Agamben”, Dignitas, 23, pp. 13-35.
