Por David Juárez
La desaparición forzada, además de ser un crimen de lesa humanidad e imprescriptible, constituye una práctica sistémica qué no ha parado de cometerse en México de manera ininterrumpida por lo menos desde la década de los años 60s.
A partir de la Alemania Nazi y del decreto de “Noche y Niebla”, la instrumentación de desaparición forzada y la tortura han sido estrategias de seguridad interior para países como el nuestro, hasta el día de hoy.
La primera desaparición forzada documentada de la historia contemporánea de nuestro país es la de Epifanio Avilés Rojas en el paradisiaco Puerto de Acapulco, en 1969, detenido por un grupo de militares en el entonces poblado rural de las cruces.
Epifanio Avilés tenía 36 años de edad y fue entregado al general Manuel Bracamontes, la ultima vez que se le vio fue subiendo a una avioneta, desde hace 54 años deambula en un limbo de incertidumbre del cual sus familiares no han parado de buscarle.
Después de Avilés Rojas se cernió el terror en el país, una especie de tiempo suspendido alcanzó a cientos y ahora miles de familias que angustiosamente buscan a sus seres queridos acuerpados en colectivos, ONG’s y organizaciones sociales.
Existe tres formas distintas de entender el proceso interrumpido del fenómeno y crimen de la desaparición forzada, pero siempre con una estrategia implementada por el Estado Mexicano por acción u omisión.
Las desapariciones forzadas han obedecido a una estrategia de seguridad interior implementadas como Guerras Asimétricas, así visitó a estados como Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Guerrero en los años 60s, donde colectivos como Eureka documentaron poblaciones enteras arrasadas por la desaparición forzada.
A partir de la década los años 90s, la desaparición forzada se volvió más letal y comenzó a operar de manera selectiva contra luchadores sociales, lideres sindicales, lideres de pueblos originarios, insurgentes y todo lo que representara el mínimo peligro para “la seguridad nacional”.
El caso de Gregorio Alfonso Alvarado López
Gregorio Alvarado López o “El Flaco”, como le nombran sus seres cercanos, tiene 61 años, seguramente su cabello tendrá borrascas blancas de canas, jugaría con sus nietos y platicaría con sus hijos sobre sus quehaceres de la vida y el amor que como padre se profesa, pero no es así, desde hace 27 años fue arrancado de su familia y vida publica por agentes de seguridad del estado mexicano.
Gregorio es profesor rural y hablante de idioma de la lluvia (Ñuu´savi), originario del estado de Oaxaca se estableció en Guerrero donde su paso fue marcado por enarbolar demandas sociales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y asesorar a organizaciones nacientes, además de su ininterrumpida militancia al Partido Comunista Mexicano.
La noche del 26 de septiembre de 1996, Gregorio salía de una reunión del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular, en el centro de la capital Guerrerense, encendió su Volkswagen y se puso en marcha, atravesó la avenida Juan Ruiz y dobló en la glorieta donde hoy se encuentra el parque bicentenario, para conectarse a la avenida Juárez.
Después pasaría por su compañera de vida que trabajaba en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), siguió por la avenida hasta la altura del histórico edificio docente de la Universidad Autónoma de Guerrero, giró a la derecha para la calle Nicolás Catalán, que lo llevaría al boulevard, pero jamás salió a la carretera.
En la calle Nicolas Catalán, la Noche y Niebla que se instauro en el Nazismo, actuó de manera “eficaz”, pues agentes del entonces CISEN se llevaron a Gregorio y desde aquel momento su familia, amigos y compañeros de lucha no han parado de buscarlo y exigirle a las autoridades su presentación con vida.
Desde un año antes, Gregorio había sido victima de seguimiento por autos con matriculas de la Ciudad de México, que tiempo después, la familia sabría pertenecían al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, también la instalación de vigilancia por parte del Ejército Mexicano frente a su domicilio.
Un mes antes de su desaparición, como presagio, Alvarado López denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estos actos de hostigamiento. El caso de Gregorio Alvarado López fue atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentra en proceso, pero los actores políticos involucrados por acción u omisión siguen vigentes y en libertad.
A partir de la llamada ‘Guerra Contra el Narco’ instaurada en el gobierno del presidente Felipe Calderón, miles de familias han experimentado la dolorosa herida de la Desaparición forzada que carcome lentamente. A este crimen lo han acompañado poblaciones enteras desplazadas y asesinatos extrajudiciales.
La desaparición forzada ha tenido un antes y un después del Caso Ayotzinapa que al igual que con Gregorio, comparten el mismo día de dolor (la noche del 26 de septiembre) y que aparatos de seguridad estuvieron presentes en los hechos además de que el ejecutivo estatal en funciones era Ángel Aguirre Rivero.
