La acción ejecutiva de Biden, un recordatorio de las asimetrías en las relaciones entre México y EE.UU.
El pasado 4 de junio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suscribió una orden ejecutiva que restringe en muchos sentidos el derecho de asilo en dicho país. Lo anterior, porque a criterio del gobierno estadounidense, se han desbordado los cruces irregulares y tienen la intención de que, con esta medida, se pueda tener un mayor control fronterizo.
Algunos aspectos importantes de esta reciente orden ejecutiva son: la orden se activará cada vez que se registren más de dos mil quinientas detenciones por día durante una semana y se suspenderán si bajan a menos de mil quinientas durante el mismo periodo; una vez activada la orden, quienes ingresen de manera irregular no tendrán derecho de solicitar asilo; las personas detenidas pasarán por un proceso de deportación acelerada; las entrevistas de asilo elevarán sus estándares de elegibilidad; se torna fundamental el uso de la app CBP One para las solicitudes de asilo; México recibirá a personas nacionales deportadas, pero eventualmente también podrá recibir de manera limitada a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Evidentemente, no hay que rascar mucho para saber que estas disposiciones cimbrarán de forma aguda tanto en Estados Unidos como en México. Muchas organizaciones civiles de ambos países, como American Civil Liberties Union y Espacio Migrante ya han comenzado a detallar las enormes vicisitudes que esto presentaría tanto legal como procesalmente, por ejemplo, en el hecho de que las leyes migratorias de Estados Unidos no condicionan la solicitud de asilo a realizarla en un puerto de entrada, como lo proyecta esta acción ejecutiva, o bien, los golpeteos al derecho al debido proceso que produce la noción de una deportación acelerada en donde no haya la posibilidad de argumentar o defenderse por parte del solicitante de asilo.
Ahora bien, en el caso de México las cosas llaman mucho la atención. Es evidente que en la actualidad las políticas migratorias de un país no se limitan a tener efectos solo en su territorio, sino que impactan a los países vecinos y a los países históricamente expulsores de personas migrantes. A este tipo de políticas y fenómenos Dolores Paris Pombo[1] le ha llamada la externalización de las fronteras, que en el caso concreto de México-Estados Unidos data desde décadas, teniendo su punto más álgido en la famosa Iniciativa Mérida.
Este caso de la reciente acción ejecutiva de Biden constituye una forma de externalizar las fronteras, porque México, sin tener realmente ninguna obligación jurídica internacional que le conmine a acceder a lo que el gobierno de Estados Unidos le pide, decide aceptar convertirse en un territorio que recibirá a las personas que su país vecino considera indeseables. Esta actitud irrumpe contra las clásicas consideraciones en materia de derecho internacional o de relaciones internacionales, en las que regularmente media un ambiente de bilateralidad, en el que dos Estados acuerdan obligaciones y facultades que permiten un objetivo en común.
¿Qué gana México con aceptar estas condiciones? ¿Por qué recibir a personas de otras nacionalidades y no solo a los connacionales? ¿Si los va a recibir les va a garantizar protección o regularización migratoria temporal? ¿Cuenta con un plan de recepción para estas personas? Estas interrogantes quedan en el aire y todos sospechamos cuáles son las respuestas, en cuyo caso se vislumbra nuevamente lo de siempre: Estados Unidos le impone condiciones a México, como parte de una relación entre ambos países marcada por lo que mi querido profesor Jorge Bustamante llamó una asimetría de poder.[2]
Esta asimetría de poder habilita los escenarios para una externalización de la fronteras de Estados Unidos hacia México, construyendo un muro físico, político y simbólico para personas principalmente de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, quienes quedarán atrapadas en un país como México que no cuenta con un plan de recepción, pero que acepta todo lo que le imponen sin considerar si las ciudades fronterizas cuentan con espacios suficientes para atención humanitaria, recursos, albergues, etcétera. La historia reciente nos ha enseñado que son las organizaciones civiles quienes terminan por atender prioritariamente estas coyunturas de manera loable pero desbordadas porque va más allá de lo que pueden atender.
La acción ejecutiva nos recuerda muchas reflexiones que no debemos olvidar. La bilateralidad en las relaciones internacionales es una quimera, lo que existe es una asimetría que facilita que los países poderosos orillen a los que no lo son a aceptar condiciones que incluso atentan contra sus políticas, leyes e instrumentos internacionales ratificados. La política migratoria mexicana seguirá al servicio de lo que disponga el gobierno de Estados Unidos, sin importar la ideología política de los gobernantes en turno de ambos países.
[1] París, M. (2022). Externalización de las fronteras y bloqueo de los solicitantes de asilo en el norte de México. REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 30, 101-116. http://dx.doi.org/10.1590/1980-85852503880006407
[2] Bustamante, J (2021). “México-Estados Unidos. Sus asimetrías de poder y su intermesticidad”. Revista de la Universidad Iberoamericana, 7(72), 8-11. https://n9.cl/xsdve
