Investigan nómina de BC por duplicidad de sueldo e incumplimiento en asignación de bases sindicales
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
De casi 300 burócratas basificados en el 2021, durante la administración estatal de Jaime Bonilla Valdez, cerca del 70 por ciento no tenían ni un año de antigüedad, pese a que este es uno de los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Además, esta investigación descubre cómo, en los últimos cuatro años, se registraron casos de burócratas que cobraron hasta cinco sueldos en diferentes dependencias y en horarios que no eran compatibles, ocasionando una erogación de 110 millones de pesos en nómina.
Por: Sonia de Anda / Esquina32
El otorgamiento de bases sindicales a personas que no cumplían con los requisitos y en un proceso discrecional, trabajadores con sueldos repetidos hasta en cinco dependencias que en total suman una erogación de 110 millones 476 de pesos, así como pagos no reconocidos por trabajadores entrevistados para este reportaje, son algunas de las anomalías encontradas en la nómina del Gobierno de Baja California del 2018 a 2022, durante las administraciones estatales del panista Francisco Vega de Lamadrid, y los morenistas Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Entre los principales hallazgos está que el 70 por ciento de los 298 empleados que recibieron una base sindical entre los meses de enero y octubre del 2021, incumplen con la antigüedad requerida de al menos un año de acuerdo con la Ley de Servicio Civil de Baja California.
Las plazas sindicales fueron entregadas en 2021, el último año de gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez.
Para este reportaje el Border Hub revisó registros del grupo de empleados reportados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde cada dependencia registra sus nóminas de manera trimestral y en donde se aprecia que -en los últimos cinco años- pudo haber un posible mal uso de recursos vía nómina por 110 millones 476 de pesos.
Casi el 90 por ciento de las bases otorgadas presentaban sueldos cobrados hasta en cinco ocasiones, en forma simultánea, en los mismos periodos y en diversas dependencias del gobierno estatal en un periodo que abarcó tres administraciones estatales.
Durante el año 2018, cuando se encontraba al frente Francisco Vega de Lamadrid, se realizaron 209 casos de pagos indebidos, con un total de 11 millones 967 mil 488 pesos, en al menos cinco dependencias estatales, incluyendo la Auditoría Superior del Estado, que está encargada de vigilar el uso del recurso público.
En ese año, la Oficialía Mayor fue la dependencia con más repetición de sueldos, con 174 casos de pagos indebidos por un total de 9 millones 585 mil 955 pesos.
En el año 2019, el último año de gobierno de Vega de Lamadrid y el inicio de la administración de Jaime Bonilla, se registraron 331 casos de pagos indebidos por un total de 14 millones 837 mil 533 pesos en 28 instituciones involucradas. En el año 2020, fueron 406 casos nóminas repetidas en 27 dependencias, con un presupuesto de 27 millones 541 mil 738 pesos.
En 2021, el último año de gobierno de Bonilla y comienzo del mandato de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se registraron 327 casos de pagos duplicados en 24 dependencias por 22 millones 992 mil 761 pesos.
Finalmente en 2022, con Ávila Olmeda, se registraron 207 tuvieron cobros salariales dobles por 33 millones 136 mil 930 pesos.
La estimación de los sueldos presuntamente aplicados de manera indebida, fueron calculados por el equipo de Esquina32- Border Hub al tomar como referencia el sueldo fijo reportado en la PNT y que percibía cada trabajador como constante, mientras que los sueldos reportados y repetidos de manera temporal en otras dependencias se les consideró como irregulares.
Incluso, las anomalías detectadas en este reportaje propiciaron una investigación ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, así como al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) y ambas instituciones han abierto expedientes para establecer posibles sanciones.
Instituto de Transparencia pide cuentas a gobierno estatal
Sobre este caso el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) informó que, mediante el oficio girado el pasado 31 de marzo a la titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, Rocío López Gorosave, se le requirió un informe sobre estas presuntas irregularidades en las que se observan los reportes de cobros salariales repetidos.
“Al ser atribución de este instituto verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia y derivado de la revisión de la fracción octava del artículo 81 de la citada ley relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base y confianza se advierte que del ejercicio 2018 al 2022 se visualizan los nombres de personas servidoras públicas que reciben recurso público en varias dependencias dentro del mismo periodo”, señala el documento en poder de Border Hub.
Hasta la fecha de publicación de este reportaje, la investigación aún se encontraba en proceso.
Nuevos basificados desconocían la duplicidad de sus sueldos
Teresita de Jesús Balderas Beltrán ingresó al servicio público en 2017, como empleada de confianza en plazas de Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda de Baja California. Tiene sueldos mensuales, en promedio, de casi 25 mil pesos.
Sin embargo, la PNT revela meses en los que sus ingresos se acercaron a los 75 mil pesos por trabajos temporales y simultáneos en otras dependencias.
Los registros revisados para este reportaje demuestran que la empleada cobró, en forma simultánea, en tres dependencias, incluyendo la Secretaría de Integración y Bienestar Social (Sibso).
En el 2018 de julio a septiembre, la empleada aparece que cobró 24 mil 611 pesos en tres ocasiones como asistente ejecutiva en Oficialía Mayor y de octubre a diciembre recibió la misma cantidad en dos ocasiones en la Secretaría de Hacienda y 25 mil 280 pesos, nuevamente en Oficialía Mayor.
En el 2019, de abril a junio, la empleada recibió tres sueldos en Oficialía Mayor, dos de ellos de 24 mil 609 pesos y uno por 24 mil 751 pesos. En el trimestre de julio a septiembre registró dos pagos salariales en uno de seis mil 602 pesos en Oficialía Mayor y otro de la misma cantidad en la Secretaría de Integración y Bienestar Social.
Para el 2020 la trabajadora cobró 24 mil 605.98 en dos ocasiones en el primer trimestre del año, uno en Oficialía Mayor y otro en la Secretaría de Hacienda, situación que se repite cuando cobró tres sueldos en el segundo trimestre de abril a junio, aunque dos de ellos se aplicaron en la Secretaría de Hacienda. De octubre a diciembre la empleada cobró dos sueldos, uno en la Secretaría de Hacienda y otro en Oficialía Mayor.
En entrevista con Border Hub, la empleada afirmó que nunca prestó sus servicios en más de una dependencia al mismo tiempo, aunque reconoce haber sido comisionada algunos meses, en distintos periodos, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
Sin embargo en la nómina aparece que también prestaba sus servicios en las Secretarías de Hacienda y General de Gobierno con cobros adicionales a su sueldo de casi 25 mil pesos mensuales
La empleada aseguró que aún conserva sus recibos de pago y que jamás recibió percepciones superiores a los 25 mil pesos mensuales, por lo que se mostró extrañada que la PNT la muestre como alguien que recibió pagos salariales adicionales.
Debido a esto, dijo que buscará una explicación oficial ante la Oficialía Mayor del Estado de Baja California.
“Confío en el portal de transparencia, obviamente, pero como todo es lo mismo y está duplicado, además no hay una forma que a mí me diga que yo cobré, necesito ir personalmente a Oficialía Mayor, presentarles esto y que me muestren las nóminas firmadas por mí y qué sucedió para entonces poder actuar en consecuencia. Confío en el portal, pero no te entregan un cheque o algo sin firma y jamás he recibido un sueldo mayor a lo que percibía por catorcena”, aseveró.
En la actualidad, Balderas Beltrán se desempeña en una dirección de la Sindicatura Municipal de Tijuana. Ella solicitó un permiso para no ejercer su plaza de base en el gobierno estatal. La PNT muestra que la empleada recibe sus pagos de manera regular desde su incorporación al ayuntamiento.
Oficialía Mayor de BC: involucrada en la duplicidad de sueldos
La Oficialía Mayor es la dependencia encargada del manejo de personal burocrático del Poder Ejecutivo, por lo que es la autoridad responsable de que se erogaran sueldos duplicados en dependencias con horarios incompatibles.
Lo anterior contraviene lo establecido en la Ley de Compatibilidad de Funciones, Empleos y Comisiones para el Estado de Baja California, pues a un trabajador le sería imposible destinar jornadas laborales de ocho horas en más de dos dependencias gubernamentales.
Un ejemplo de lo ocurrido fue encontrado en un trabajador que aparece el oficio número 021166022000181 emitido por Oficialía Mayor el pasado 11 de julio de 2022, en el que personal de la Dirección de Recursos Humanos informó sobre los 298 trabajadores basificados del 1 de enero al 25 de octubre de 2021.
El trabajador, llamado José Alberto Rincón Campos, ingresó al servicio público el 29 de marzo de 2021 y, ese mismo día, fue basificado en la Secretaría General de Gobierno.
Aunque en la PNT se indica que cumple con la antigüedad requerida, pues hay registros de él desde el 2018, la irregularidad consiste en que desde entonces el empleado muestra que tiene hasta cuatro sueldos cobrados en los mismos periodos.
Durante el 2018, se desempeñó como analista de Oficialía Mayor comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública. De enero a junio de ese año, cobró sueldos entre 8 mil 177 y 8 mil 919.39 pesos, sin mayor relevancia.
Sin embargo, de julio a septiembre contó con tres sueldos simultáneos en la misma dependencia, por el primer monto señalado.
Al año siguiente, Rincón Campos aparece como trabajador de Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibso).
Conforme a documentos emitidos en el 2020, tiene un ingreso neto de 8 mil 246 de pesos en todos los trimestres del año, prestando servicios en Oficialía Mayor y, de ahí, se le comisiona como analista en la FGE.
En esta última dependencia también percibe un sueldo por el mismo monto y, por tanto, doble sueldo en el primer trimestre de ese ciclo, al igual que en julio y septiembre.
Para el 2021, tras recibir la base, empezó a cobrar sueldos de 20 mil 171 y 20 mil 698 pesos, sin registrar ingresos de enero a junio de dicho año.
A pesar de esto, presenta el cobro de tres sueldos simultáneos entre julio y septiembre de 2021, en la Secretaría General de Gobierno, donde en dos ocasiones recibió la misma cantidad, al igual que en Oficialía Mayor.
De octubre a diciembre del 2021, conforme a la investigación, también cobró al mismo tiempo en ambas dependencias.
Pese a los registros mostrados en la PNT, mediante el oficio 58/2023 aparece que Rincón Campos laboró del 1 de noviembre de 2019 al 26 de marzo de 2021 en la FGE, según confirmó la propia dependencia.
Ahí, percibía un sueldo de 10 mil 403.94 pesos mensuales y, al parecer, no estaba comisionado a alguna otra oficina.
Sin embargo, ya en funciones el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se mantuvo una irregularidad en los cobros de este empleado: durante el primer trimestre de 2022 cobró 20 mil 575 pesos, con un bono de 2 mil 208 pesos.
A partir del segundo trimestre, entre abril y junio, comenzó a percibir dos sueldos, como ayudante de oficios varios, de 21 mil 760 pesos con una prima vacacional de 4 mil 751 pesos, y un bono de buena disposición de 8 mil 331 pesos, desde la Secretaría de Hacienda de Baja California y en Oficialía Mayor, respectivamente.
Entre julio y septiembre de 2022, los registros muestran que percibió el mismo sueldo en las mismas dependencias como analista, pues en forma adicional al sueldo neto recibió una prima vacacional de 4 mil 751 pesos, además de un bono por buena disposición de 13 mil 239 pesos.
Sobre este caso, personal de Oficialía Mayor contestó -vía transparencia el pasado 3 de febrero- que Rincón Campos nunca ha prestado sus servicios laborales con ellos.
A pesar de esto, existe un registro de que fue comisionado al área de Recaudación de Rentas, de la Secretaría de Hacienda, aunque no es precisado el periodo o los montos salariales percibidos.
Por su parte, la Secretaría General de Gobierno reconoció que, de acuerdo a los registros del Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia, dicho trabajador tuvo el 8 de junio de 2021 un cambio del Ramo 07 al Ramo 04.
Es decir, pasó de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría General de Gobierno. Lo anterior duró hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que volvió a generarse otro cambio para regresar a la dependencia inicial.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue informado que Rincón Campos no presentó algún registro en su plantilla de personal. En contraste, la PNT refleja que durante el primer trimestre de 2019 recibió un sueldo de 3 mil 389.97 pesos en ese lugar.
Para el segundo trimestre, entre abril y junio, el servidor público mencionado recibió tres sueldos simultáneos de 8 mil 246 pesos en esta secretaría.
Incluso, tuvo un cobro adicional en cada una de ellas por 2 mil 815 pesos, como prima vacacional. Para el tercer trimestre de 2019, Rincón Campos cobró 37 mil 945 pesos. Esto, al sumar los cuatro salarios percibidos como analista de la SSPE y la FGE.
Con los recursos del Sibso recibió un sueldo neto de 6 mil 576 pesos; en Oficialía Mayor y en la SSPE percibió 6 mil 566 pesos, más una compensación de mil 679 pesos, respectivamente; y en la FGE, 8 mil 246 pesos más la prima vacacional de 6 mil 630 pesos.
Sin embargo, conforme a la investigación, al parecer fue regularizada la situación de este empleado en el último trimestre del 2019, pues aparece que únicamente cobró los sueldos referidos en la FGE.
SHFP atribuye duplicidad en nómina a reformas a la ley
Tras las irregularidades detectadas en el proceso de basificación 2021, Border Hub cuestionó a Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California.
La funcionaria estatal reconoció que actualmente analizan las plantillas para determinar la razón de que casi el 90 por ciento, de los 298 basificados, aparecen en la PNT con una multiplicidad de sueldos devengados.
Aseguró que todo parece indicar que no existe un mal manejo de dinero de la nómina, luego de revisar los expedientes no hay registro de que un empleado haya cobrado más de un sueldo, como lo refleja la PNT.
“Mucho de esto se deriva de las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica del Estado”, declaró la funcionaria, quien señaló que durante la gestión de Bonilla Valdez algunas instituciones concentraban atribuciones de otras secretarías.
“Por ejemplo: en la Secretaría General teníamos también al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Oficialía Mayor, y Consejería Jurídica. El control lo tenía el entonces secretario general de gobierno”, explicó Villar Casas.
Recordó que, una vez reformada la Ley Orgánica en la actual administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dichas dependencias “se desagregan”.
Por lo anterior, dijo, es probable que sea una de las causas por las que el personal aparezca en tres entidades de manera simultánea.
“Iniciamos una revisión y, probablemente, se determine que es la falta de actualización de las dadas de baja de una secretaría y las altas de otra. Entonces, más que nada, es una cuestión de transparencia. Seguimos haciendo las revisiones para determinar, ya concretamente, qué es lo que está sucediendo, para que tengamos de forma correcta las plantillas de personal. Y no se estén duplicando, triplicando, y que aparezcan en varias entidades”, concluyó la secretaria de Honestidad y Función Pública.
Hijos de burócratas sin antigüedad mínima fueron basificados
Manuel Guerrero Luna, ex secretario general del Sindicato, reconoció que los hijos de burócratas fueron beneficiados en el pasado proceso de basificación 2021 porque así lo permiten los estatutos del gremio.
Border Hub consultó al actual diputado morenista por el Distrito 1 de Mexicali, pues fue líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California (Sutspemidbc), durante el periodo 2020-2023.
“Unas las damos por antigüedad y, otras, las damos a hijos de trabajadores”, expresó Guerrero Luna.
El entonces líder participó en la edición 2021 y sostuvo que por ley estaba facultado, en ese entonces, para asignar bases directas y otras por el tiempo cumplido.
“Hay bases directas si la Comisión de Escalafón y Ajustes lo determina de manera unánime, en consenso. La base es directa, eso está dentro de la ley. Por eso no me diga que no cumple con la antigüedad”, espetó.
Explicó que por ley, aunque sin citar el marco legal en forma precisa, hay tres formas de entrar al sindicato: directa, escalafón por antigüedad, o por concurso. Esta última si se determina la necesidad de una plaza.
“No todas las plazas se dan por antigüedad y no todas las bases se dan directas. Si no cumplieran (con la ley) las tumban y no nos han tumbado ninguna”, aseveró.
Guerrero Luna no pudo referir el número de hijos e hijas de trabajadores que fueron beneficiados con bases directas, pues justificó que de ello se encarga la Secretaría de Escalafón.
El ahora legislador reiteró durante la entrevista que dicho proceso “fue legal” porque “hasta ahorita ninguna (base) se ha caído”, y que no tiene “noticias de que estén impugnadas”.
En contraste con lo dicho por Guerrero Luna, el artículo 159 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, indica que las bases definitivas son otorgadas a quienes tienen al menos un año de antigüedad.
“Los trabajadores de base con un mínimo de un año acumulativo en la prestación del servicio, tienen derecho a participar en los concursos para ser promovidos a la obtención de la base definitiva. Todos los trabajadores incorporados al sistema de escalafón, tendrán derecho a participar en los concursos y promociones de ascensos, de conformidad con los tabuladores señalados en el Reglamento de Escalafón. En cada Autoridad Pública se expedirá un Reglamento de Escalafón”, señala el artículo.
Más adelante, en el texto legal, son indicados los “factores escalafonarios” que se tomarán en cuenta para otorgar una base, como los conocimientos, aptitud y antigüedad, así como disciplina y puntualidad, que no podrían medirse sin haber tenido un tiempo de servicios prestados en alguna dependencia.
Si se parte de la declaración de Guerrero Luna, prácticamente 207 personas pudieron haber caído en ese supuesto de recibir una base en forma directa sólo por ser hijos o hijas de trabajadores, sin tener que cumplir con los requisitos de ley.
Mientras que de los sueldos pagados de manera simultánea, el legislador justificó que “es una facultad del patrón”, pues el Sindicato “no interviene”. A pesar de esto, aclaró que su organización otorga plazas de “Nivel 1”.
Abren expedientes por asignación indebida de bases
Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), indicó que hasta la fecha han sido abiertos dos expedientes tras la detección de irregularidades en el proceso de basificación, mismo que involucra alrededor de 100 plazas.
“Son los casos que hemos detectado con probable responsabilidad. Hemos estado integrando elementos serios: en estos dos expedientes, de nada más dos entidades, se integran casi 100 plazas otorgadas para base”, detalló la funcionaria estatal.
La funcionaria aseguró que en el análisis realizado por la SHFP, que aún está en curso, fue detectado un número extraordinario de basificaciones en algunas dependencias.
Derivado de esto, se está completando la carpeta de investigación para comprobar si hay una probable falta administrativa dentro del otorgamiento de estas plazas.
La normatividad que regule el otorgamiento de basificaciones es revisada y analizada, prosiguió Del Villar Casas, y si se desprende una probable irregularidad se procederá a las que hayan sido otorgadas de manera ilegal.
A pesar de esto, la funcionaria estatal enfatizó que esta situación no se ha dado hasta el momento.
Por último, dijo que de iniciar el proceso de revocación de plazas, podría derivar en el establecimiento de posibles responsabilidades a servidores públicos involucrados en la asignación de las mismas, al ser quienes tienen las atribuciones para realizar dichos trámites.
Ve activista discrecionalidad y corrupción en entrega de bases
Francisco Fiorentini Cañedo, ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, consideró estas acciones como un acto de corrupción.
“Aquí hay de dos, o una estulticia tremenda y una estupidez, porque no merecerían los bajacalifornianos tener gente de tan poca capacidad al frente del gobierno o una corrupción que solamente lo que tú mostraste, es su reflejo”, sentenció ex dirigente del organismo.
En relación a las declaraciones hechas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública, de que los nombres se “duplicaron” por “error”, el activista dijo que es una salida fácil y no garantiza que estas personas no hayan cobrado varias veces bajo el mismo nombre.
“Para tener 300 errores en un tema tan delicado a mí me suena, y me huele, muy mal, no solamente en la incompetencia, pero el problema de fondo es que los órganos de revisión no son autónomos”, aseveró.
Fiorentini Cañedo consideró que el sindicalismo en Baja California se ha impuesto para controlar la entrega de plazas, lo que podría ser usado para pagar favores, causas y campañas.
“El otorgar una base de manera discrecional se presta a corrupción, ‘cuánto me das a cambio de que te basifique, qué favores voy a recibir con tu basificación’ y el uso discrecional de la nómina, es algo que deberíamos estar combatiendo de manera permanente y frontal”, apuntó.
Por lo anterior sostuvo que las bases que se otorgaron a hijos de burócratas de manera directa incumplen lo establecido en el artículo 165 de la citada ley, pues en ella se indica que de manera extraordinaria, la ocupación de algunas vacantes puede sujetarse a un proceso discrecional, siempre y cuando haya justificación ante la comisión de escalafón.
Tres días después el oficio fue contestado por el Alejandro Rosales Sotelo, director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, donde sostiene que, tras una revisión de las plantillas del personal que la dirección de recursos humanos de este organismo genera, “no se encontró ningún registro de personal duplicado”.
Por lo anterior, se solicitó al ITAIBC que brinde la información sobre los registros de los servidores públicos duplicados.
Ante esto, el ITAIPBC informó que debido a que se niega la irregularidad, se ha convocado a una reunión para iniciar con la verificación oficial y proceder con la denuncia respectiva.
