El Instituto Nacional de Migración (INM) con su delegación en el estado fronterizo de Baja California, está envuelto en un caso de corrupción, luego de que se diera a conocer que el pasado 29 de febrero fueron detenidos dos funcionarios de dicha institución por presunto tráfico de personas.
El portal Punto Norte fue quien dio a conocer este hecho y así lo confirmaron este miércoles a medios la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, y la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien señaló que dicha información la obtuvieron “gracias a las mesas de seguridad en donde la delegación de la Fiscalía General de la República nos comparte la información en relación a la investigación que ellos han venido desarrollando”.
De acuerdo con información proporcionada a Nómadas por la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de los funcionarios María Elizabeth Paredes Sánchez y Marte Antonio Camacho Solano, este último quien desde hace 15 años es el encargado de la estación migratoria del INM en Tijuana, quien desempeñó también funciones de control migratorio en los filtros de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali.
La FGR también confirmó que el pasado 29 de febrero dicha institución realizó un cateo con orden emitida por un juez de Distrito, en un domicilio ubicado en la privada Veneto número 3663 de la Colonia Villas de Santa Fe 5ta Sección, debido a labores de inteligencia que indicaban que ahí se realizaban actividades relacionadas con extorsión y secuestros.
En el domicilio los agentes de la FGR encontraron a las dos personas antes mencionadas, además que encontraron también “15 cartuchos calibre 9 mm, uno de ellos con punta expansiva, 1 millón 90 pesos y 27.000 dólares”, así como cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban al estado con la intención de cruzar a Estados Unidos.
Por este motivo, la FGR abrió la carpeta de Investigación: FED/BC/TIJ/0000550/2024 y puso a ambos funcionarios del INM a disposición de la autoridad, sin embargo, en la audiencia inicial “el juez Oscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención”, aunque la carpeta de investigación sigue abierta.
