Dado el cambio climático y las consecuencias adversas que han estado manifestando por ello, José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México (CIGAMX), sostuvo que el Gobierno del Estado debería considerar los impuestos verdes para propiciar un desarrollo sustentable en Baja California.
El especialista compartió que los impuestos verdes o ambientales, como instrumentos económicos, “son una importante herramienta para la articulación de políticas públicas encaminadas al desarrollo sustentable”, pero también como un método de allegarse recursos que podrían ser utilizados en otras áreas primordiales.
“La aplicación correcta de los impuestos ambientales, tiene la posibilidad de estimular o desestimular actividades según su aplicación”, dijo el especialista, y como ejemplo de ello expuso el de la industria de la construcción, que es una de las que mayores recursos naturales consume.
“Los impuestos verdes que se generan durante una obra, podrían controlar la adquisición de los materiales, uso de materiales sustentables y la incorporación de tecnología que disminuya el impacto ambiental”, dijo.
Otro caso, agregó, es la emisión de CO2 por el uso de combustibles, “esta puede ser medida por kilómetro, si una persona utiliza transporte público o vehículo particular, en cualquier caso, la contribución de huella de carbono está presente. Un impuesto verde fomentaría la utilización de transporte público, desde luego bajo un estímulo gubernamental para un mejor servicio”.
Zavala Álvarez resaltó que el agua en Baja California es otro claro ejemplo de que los impuestos verdes son una estrategia para mejorar el medio ambiente si se aplica correctamente, pues de lo contrario podrían ocasionar conflictos económicos o desmotivar a empresas o la población en general a disminuir el interés por mejorar el medio ambiente.
“La estructura de la tarifa de agua que consumimos contempla el tratamiento de aguas residuales y entonces las personas, empresas o instalaciones que tratan sus aguas residuales, deberían tener entonces un descuento porque el agua residual ya la trataron ellos, no la red pública,” detalló.
Destacó que, en este rubro, Baja California fue uno de los estados pioneros en México en cuanto a la aplicación de impuestos ambientales, pues en 2020 hubo un intento por disminuir la emisión de contaminantes por la venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo, por lo que el Pleno del Congreso aprobó el “Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmósfera”, pero “desafortunadamente hasta la fecha no se ha aplicado y podría retomarse”.
“La extracción de materiales pétreos en la entidad causa un impuesto ambiental, es una tarea que tiene que ver con la cantidad de material que se extrae. Estos impuestos deben de contar con una regulación para orientar la conducta ambiental”, manifestó.
Ante esta posibilidad, también destacó que los impuestos verdes no solo tendrían que ser recaudatorios, sino que deben de tener una parte regulatoria para orientar hacia una conducta o desempeño amigable con el medio ambiente.
Finalmente expresó que “en México el concepto de protección al medio ambiente está constitucionalmente bien dirigido, por lo que valdría la pena que se tomara como una herramienta de la hacienda pública para alinear políticas públicas para la mejora del desarrollo sustentable”.
