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Gobierno mexicano debe priorizar una política de salud mental para los deportados: Elementa DDHH

Foto: Manuel Noctis
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La organización Elememta DDHH aseguró que el gobierno de México, más allá de los programas de protección que instrumentó para los migrantes que sean deportados de Estados Unidos, debe priorizar una política de salud mental para evitar que terminen en una situación de calle y en el consumo problemático de sustancias.

Renata Demichelis Ávila, directora en México de la organización, compartió que estudios realizados por distintas instituciones, identificaron que las principales características de las personas usuarias de sustancias en la zona fronteriza “son hombres en la mayoría migrantes que habían intentado cruzar la frontera o habían sido deportados de Estados Unidos”.

Por lo cual sustentó la necesidad y urgencia de que el gobierno mexicano, en sus tres niveles, lleven a cabo una política real de salud mental, además porque es un tema que, al menos en el estado de Baja California y en particular Tijuana, las autoridades lo tienen bien identificado y documentado.

“No es algo nuevo, el mismo gobierno tiene ya documentado el cómo el fenómeno de la migración, particularmente el de la deportación, impacta de manera sustancial en el consumo de sustancias, por lo que ya deberían tener respuestas a esa situación”, expuso.

Esto bajo el argumento de que, las mismas autoridades, “ya saben bien cuáles son las consecuencias de ello, que es el hecho de tener más habitantes de calle, más consumo de sustancias y en entornos en los que no hay políticas de reducción de daños, en donde no hay atención a la salud y eso luego lleva a las muertes por sobredosis”.

Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de dicha organización, destacó que las organizaciones de la sociedad civil como PrevenCasa, en Tijuana, y Verter, en Mexicali, han asumido esos roles de atención bajo un esquema de salud y reducción de daños, pero “no se dan abasto para atender a toda la población”.

“El gobierno mexicano debe asumir que, si no se prepara una política pública que entienda la probabilidad de que todas las personas que vayan a regresar forzadamente, que vendrán en contra de su voluntad, puedan terminar en una de estas situaciones, van a contribuir a la crisis de consumo de sustancias problemáticas que ya existe en el estado”, resaltó.

Reiteró que no solo se trata de brindarles las condiciones básicas a estas a las personas, sino entender también la prioridad de la salud mental porque, ante la vulnerabilidad en la que muchas se van a enfrentar, resultan presas fáciles para el crimen organizado que utiliza a las personas en situación de calle o los recluta también contra su voluntad.

“Hay un tema de seguridad, pero hacia la persona migrante, entendemos la parte de la seguridad general, pero cómo realmente les van a abrir las puertas a las personas. Creo que una tarjeta de dos mil pesos no es la solución, sino que se necesitan políticas públicas claras sustentadas en estos contextos”, sentenció.

Ambas especialistas señalaron que esta medida urgente, deriva del trabajo que desde 2023 han venido documentando en Baja California, el cual se materializó en el informe titulado “Entre la calle y el uso: Situación de los derechos humanos de las personas que habitan calle y usan drogas en Tijuana y Mexicali”, que fue presentado este lunes en Tijuana.

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