De nueva cuenta la Guardia Nacional tiene participación en un hecho lamentable contra personas migrantes, esta vez sucedió en nuestra entidad federativa. Según los primeros indicios los hechos tuvieron lugar en la carretera Tecate-Tijuana, en el poblado de la Rumorosa, en donde desafortunadamente perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana y otras más salieron lesionadas.(1)
La similitud de estos hechos con lo sucedido el mes pasado en Chiapas es innegable, aquella ocasión fueron cuerpos militares, esta vez la Guardia Nacional, pero la lógica es la misma: vamos a disparar sin indagar, no nos interesan las vidas de personas extranjeras. Esta situación es preocupante si se analiza a la luz de la reciente reforma constitucional que dispuso que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se amplíe su jurisdicción y que se encargue de ejecutar una estrategia de seguridad pública.(2)
Lo anterior se traduce en que la Guardia Nacional estará integrada por personal militar, con todo lo que esto implica en cuanto a su lógica y forma de actuar ante diversas situaciones. He allí el enorme parecido entre los sucesos de Chiapas y Tecate, Baja California.
Lo grave de esta situación es que bajo la perspectiva de que la migración debe visualizarse como un tema de seguridad nacional, da pauta para que estas organizaciones de corte militar ingresen a la gestión y tratamiento de la migración, sin preparación alguna para ello, sin protocolos adecuados y distanciados de los enfoques de derechos humanos. Apenas en mi columna del 8 de octubre advertía de lo que podría presentarse con estas reformas y con la militarización del país en el terreno migratorio y he de decir que me duele compartirles que tuve razón en mi advertencia.(3)
No quisiera pasar de largo que mucho se ha dicho en ambos casos que el ataque fue contra traficantes de personas, que no se detuvieron ante la orden de que lo hicieran, que ellos atacaron primero o que se trataba de “polleros”, como lo aseveró la propia Gobernadora de Baja California en una entrevista(4). Sin embargo, pese a que estos argumentos encuentran poco sustento, pues basta ver que de las primeras indagatorias se demostró que no se encontraron armas en el vehículo donde venían las personas colombianas que perdieron la vida y las que fueron lesionadas en Tecate, Baja California. Aun así, aunque realmente se tratará de traficantes de personas, en nada justifica el actuar desmedido, desproporcionado y con el objetivo de acribillar del personal de la Guardia Nacional, estas excusas dejan más en evidencia la ineficacia de las autoridades y lo peligroso de este momento para las personas migrantes en nuestro país.
Desde este espacio quiero sumarme a los pronunciamientos vertidos por organizaciones civiles como Border Youth Collective, A.C, Asociación de Colombianos en Baja California, Al otro Lado, Espacio Migrante, A.C., American Friends Service Committee, por mencionar algunas, así como académicos y académicas de diversas instituciones educativas. A efecto de que se esclarezcan los hechos, se repare el daño a las víctimas y familias de las víctimas, se proceda penalmente contra los responsables y se haga un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades municipales de Tecate, estatales de Baja California y del Gobierno Federal.
Así mismo, es importante que se revisen cautelosamente las capacitaciones que está recibiendo el personal de la Guardia Nacional, el perfil de quienes la integran y, sobre todo, alejarles de actividades migratorias, de lo contrario, estas tragedias podrían reproducirse con más continuidad. Las vidas de las personas migrantes no valen menos y el peligro para el país no son ellos, sino estas instituciones que disparan, asesinan y mienten.
