Un análisis muestra que aseguradoras, industrias fundamentales y la propia economía en Estados Unidos se verían afectadas económica y sistemáticamente, si se lleva a cabo el mayor programa de deportaciones que pretende Donald Trump, una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos.
Según expertos del Institute of Doxation an Aconomic Policy, los migrantes que viven sin documentos en el país vecino ayudan a financiar las prestaciones del seguro social, ya que aportan alrededor de 26 mil millones de dólares en impuestos, dinero que pueden cobrar mientras cambie su estatus migratorio, de lo contrario estos millones de dólares sirven como un subsidio para los beneficiarios estadunidenses.
Otro tema es que plantean, es que regresar a sus países de origen a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que actualmente hay en Estados Unidos, representaría una pérdida de 20 mil millones de dólares anuales para estas aseguradoras, una cantidad que hasta hoy beneficia a casi 70 millones de estadunidenses mensualmente.
Expertos del Centro de Políticas Públicas Bipartidistas señalan que esto pasaría porque cada vez hay más estadunidenses que se jubilan y la migración contrarresta esta tendencia, pues, mientras la fuerza laboral estadunidense va envejeciendo, los migrantes forman la mayor fuerza laboral activa del país, contribuyen a la seguridad social y con esto se pagan los beneficios de los estadunidenses.
Pero eso no es todo, el Consejo Americano de Inmigración ha señalado también que una deportación masiva en Estados Unidos le constaría al gobierno más de 315 mil millones de dólares en arrestos, detenciones, deportaciones y procesamientos legales.
Además, que se afectarían industrias que dependen de trabajadores indocumentados como la construcción y la agricultura, aunado a que las empresas perderían entre uno y dos de cada ocho trabajadores.
También resaltan que, con el programa de deportación masiva cuatro millones de familias serían separadas y los estados con mayores afectaciones económicas serían California, Texas y Florida, pues en esos tres se concentra casi el 50% de los indocumentados en el país.
