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Autoridad no es transparente sobre muertes dentro de penales en Baja California

Foto: Joebeth Terríquez
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Las muertes al interior de las cárceles del Estado es un tema tratado sin transparencia por parte de las autoridades de Baja California.

Cuando se le cuestionó sobre el tema, la titular del Sistema Penitenciario de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, no supo especificar el motivo de los decesos en los centros de readaptación de la entidad.

“La Fiscalía le informa a la familia y en su caso a transparencia, en algún caso en específico pudiéramos determinar, claro que sí con ellos, precisamente para los programas de reinserción, pero no para investigación”, dijo.

María Elena Andrade Ramírez, titular del Sistema Penitenciario – Foto: Manuel Ayala

Durante el 2020 se registraron 64 muertes en los penales; en el 2021 fueron 45; el año pasado se contabilizaron 62, mientras que en lo que va de este 2023 suman un total de 28.

“La gran mayoría son por muerte por enfermedad a simple vista, son personas recuerden que cuando llegan al centro penitenciario han tenido una vida muy complicada, llegan muchos, no todos, pero la gran mayoría llegan en condiciones físicas y emocionales muy deterioradas”, mencionó.

La funcionaria explicó durante la “mañanera” de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, que se ha mejorado el proceso de solicitud y entrega de medicamentos de segundo nivel a las personas privadas de su libertad.

En ese renglón, el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, dijo desconocer sobre si hay falta de medicinas dentro de las cárceles de la entidad.

“No sé si hay desabasto o no, nosotros hemos apoyado, porque insisto, son muchos los padecimientos que tienen las personas privadas de la libertad y hemos notado que ha habido necesidad de incrementar la cantidad de algunos antibióticos, antiinflamatorios, ansiolíticos, de medicamentos de otro tipo”, detalló.

El traslado de más de 8 mil reos al penal del Hongo 1 y Hongo 2, ha causado molestias en las familias de los internos, una situación que se agudiza ante la falta de información por parte de las autoridades penitenciarias en torno a los decesos presentados en esos espacios de supuesta reinserción social.

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