Después de que se diera a conocer el caso de corrupción de dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, por supuestos casos de extorsión y trata de personas, activistas acusaron al delegado de dicha institución, David Pérez Tejada, de minimizar lo que consideran un “acto de corrupción muy grave”.
Judith Cabrera de la Rocha, co-directora de la organización Border Line Crisi Center, es una de las activistas que alzó la voz para cuestionar la tibieza con la que el delegado tomó el caso, exigiendo que se realice una investigación interna a profundidad, para desestimar que haya otras posibles personas implicadas en estos delitos.
“Me parece que es una obligación que tiene, desde los mecanismos internos del Instituto Nacional de Migración, llevar a cabo esa investigación; si bien este no es un crimen que él haya cometido, sí es su responsabilidad como titular del instituto que se encuentren a las personas involucradas y que haya sanciones”, dijo en entrevista con Nómadas.
DELEGADO RECONOCE CASOS DE CORRUPCIÓN
En atención a medios, el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, David Pérez Tejada, reconoció que, así como sucede en otras instituciones del gobierno federal, en la que encabeza también hay casos de corrupción.
“Yo no lo niego, y puedo decir que en muchísimas dependencias de nuestro país hay casos de corrupción, se ha hablado y lamentablemente sí sufren muchísimo los migrantes al atravesar nuestro país”, dijo.
Convocados los medios de manera informal, el funcionario dijo en esa atención realizada el pasado viernes 22 de marzo, que la intención de la convocatoria había sido “para esclarecer algunas versiones distorsionadas” del tema, aclarando que él no tenía que ver en el caso, como se manejó en algunos medios.
Aunado a ello, reconoció también que a los funcionarios que han detectado cometiendo ilícitos las han cesado: “la gente que nosotros hemos detectado dentro del instituto se le ha cesado, se le ha abierto carpeta ante el Organi Interno de Control”.
Agregó que “en promedio estamos cesando de sus funciones a dos (funcionarios) por mes por temas de corrupción o porque no pasan el examen de control, porque están asignados a algún punto donde haya algún tipo de denuncia ciudadana”.
Cuando se le cuestionó el por qué este caso no se había dado a conocer hasta que se publicó en la prensa, señaló que “son cuestiones que nosotros no las damos a conocer en muchas de las ocasiones a la opinión pública porque son cuestiones internas, no las podemos dar a conocer por el tema de la privacidad, el acceso a la información y demás”.
También refirió que él personalmente no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que no sabía si los funcionarios investigados estaban implicados o por cuáles delitos en sí estaban acusados.
Cuando se le cuestionó si dudaba sobre estas acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República, el delegado manifestó que “yo solo me guío por lo que sé y realmente, pues lo que todos saben es lo que se ha manejado en los medios”.
Sobre los cargos que desempeñaban los funcionarios, dijo que María Elizabeth Paredes era Oficial de Protección a la Infancia, aunque también realizaba labores administrativas “y me ayudaba a temas de contestación de oficios y de llamadas, llevar las bitácoras”
En el caso de Marte Antonio Camacho, dijo que él desempeñaba funciones de encargado del turno vespertino de la garita de El Chaparral y también “llegó a estar en el pasado como encargado de la estación migratoria”.
También manifestó que no le preocupaba el tema en sí porque “las investigaciones se realizan cuando hay algún acto, alguna denuncia, alguna sospecha y los que han estado investigados ya no están” y sobre un interés personal sobre indagar si hay más personas involucradas, expresó que “hasta que la fiscalía no determine ni nos pida más información, pues no sabemos a qué obedece”.
PREOCUPANTE QUE SE MINIMICE EL CASO
Para la activista Judith Cabrera el caso que se investiga “es algo muy vergonzoso y escandaloso para una institución federal que está a cargo precisamente de cuidar a la población migrante y por otro lado es un secreto a voces que con esto se confirma”.
“Lo más preocupante del caso, si bien, se está destapando un caso de corrupción muy profunda, es una persona que tenía 15 años en el cargo, pero que el titular en este momento esté de hecho minimizando las cosas, encubriendo a las personas que cometieron estos delitos”, dijo.
Agregó que, “al decir que tienen estos puestos menores, nos habla también de una indolencia total, una falta de sensibilidad ante lo que está pasando, parece como si no se tomara en serio la gravedad de que sea el gobierno federal cometiendo crímenes contra la población migrante”.
La activista destacó que “siendo un caso tan grave, me parece una burla que diga que no se tiene por qué informar, por supuesto que los medios deben de estar enterados, la población en general; creo que muchos mecanismos se deberían haber movido para impedir que estas cosas sigan sucediendo”.
“Estamos hablando sí de corrupción, pero el hecho de que encuentres armas, cartuchos, te hace preguntarte hasta dónde llega esto, qué tan involucrados estarán también en el tráfico de personas y en los secuestros, entonces, queda clara esta intención y creo que nos deben a la sociedad civil no nada más una mejor ejecución de sus funciones y transparencia, también la libertad para por lo menos hacer nuestro trabajo”, puntualizó.
