Activistas en Tijuana acusan al INM de trasladar arbitrariamente a migrantes y deportados a Tabasco
En Tijuana, activistas y defensoras de derechos humanos denunciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California realiza arrestos y traslados de migrantes y personas en condición de refugiadas a Tabasco, sin proporcionar información sobre las personas afectadas.
Según las activistas, los arrestos han ocurrido en varias situaciones. Estos incluyen a personas en contexto de movilidad que llegan al Aeropuerto Internacional de Tijuana, miembros de la comunidad extranjera que han residido en la ciudad durante algún tiempo y personas deportadas por las nuevas restricciones de Estados Unidos.
Paola Morales, directora y fundadora de la Asociación de Colombianos de Baja California, señaló que el modus operandi del INM cambia constantemente y recientemente han observado la detención de personas extranjeras al salir del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez.
“Son montados en buses sin decirles para dónde van, prácticamente se sienten secuestrados, nunca les dicen para dónde los van a llevar. Les están haciendo firmar un documento donde dice que no se les están violando sus derechos, documentos que tienen que firmar bajo amenazas”, declaró.
Morales mencionó que su organización ha recibido llamadas de familiares de migrantes que fueron incomunicados repentinamente. Expresó que la situación ha llevado a ciudades como Villahermosa al colapso, dejando a las personas migrantes abandonadas a su suerte.
Aunado a ello, acusó a México de violar los derechos de los migrantes y refugiados para actuar como un “embudo” para Estados Unidos.
Por su parte, Vivianne Petit Ferre, activista y defensora de la comunidad haitiana en Tijuana, condenó los traslados de haitianos a Tabasco sin justificación. Informó que familias completas han perdido sus citas de CBP-One debido a las detenciones y traslados al sur de México.
Petit Ferre lamentó la falta de personal capacitado en el INM para comunicarse en el idioma de los migrantes y explicarles sus derechos. Compartió un caso reciente en el que una familia haitiana fue víctima del INM cuando un agente eliminó su cita de CBP-One antes de detenerlos.
Asimismo, Anel Ortiz, fundadora de la Organización México Americana para el Desarrollo A.C., habló sobre las deportaciones relacionadas con la nueva restricción al asilo implementada por Joe Biden. Explicó que, tras el acuerdo de México de recibir a personas repatriadas de países centroamericanos, no se ha establecido un plan de atención.
Ortiz señaló que en la frontera norte de México estas deportaciones son casi imperceptibles, ya que los migrantes son llevados rápidamente a Tabasco, impidiéndoles buscar una nueva oportunidad para ingresar a Estados Unidos.
De manera general, las activistas exigieron que el INM haga pública la lista de personas detenidas y trasladadas a Tabasco.
Paola Morales concluyó que “el Instituto Nacional de Migración debe tener una página a la que pueda acceder cualquier persona, donde se indique quiénes están detenidos, para que sus familiares puedan volver a tener comunicación”.