Por Patricia Mayorga, Jaime Armendáriz / Raíchali
El 23 de marzo del 2017 fue asesinada la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora del Norte de Juárez. Hoy en día el caso se mantiene impune y es alcanzado por la disputa política que vive Chihuahua.
Apenas el miércoles pasado, José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, fue localizado sin vida y era buscado por las autoridades por su presunta participación en el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua a mediados del año pasado. Es también señalado como subordinado de “Los Salazares”, Cártel de Sinaloa, grupo criminal señalado por haber ordenado el crimen de la periodista y cuyo líder, Crispín “N”, se encuentra prófugo.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván declaró a medios locales, el martes pasado, que el caso de Miroslava Breach es una “historia bastante oscura” y aseguró que las autoridades estatales continúan investigando.
La funcionaria aseguró que continúan en comunicación con la federación para conocer lo que pasó con el asesinato de la periodista pero también con la persona que está en prisión, el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schulz, sentenciado en juicio abreviado a ocho años de prisión. El exalcalde fue también colaborador en el gobierno del panísta Javier Corral.
Sara Mendiola Landeros, directora de la organización Propuesta Cívica, que representa jurídicamente el caso de Miroslava Breach, recordó que los jueces federales encontraron pruebas suficientes para sentenciarlo.
Sin embargo, Mendiola Landeros señaló que no advierten voluntad política suficiente para que el caso de Miroslava se investigue a fondo.
“Lamentablemente no ha habido más avances en la investigación, eso es algo que hemos dicho (…) Nosotros seguimos insistiendo en los avances de la investigación, porque aún cuando la investigación sigue abierta, no se ha logrado mayor avance. Quedan pendientes de ejecutar las dos órdenes de aprehensión, una dirigida en contra del autor material, Jaciel N. y otra contra la persona identificada como autor intelectual, Crispín N., y no ha habido más”, detalló la abogada.
Precisó que para la ubicación de los señalados, vía geolocalización, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) está rebasada, por lo que es necesaria la intervención de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional.
En su visita a la ciudad de Chihuahua para la Mesa de implementación para las medidas cautelares para las religiosas y jesuitas de Cerocahui, el 16 de marzo pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que la investigación debe continuar y deben darse con los culpables.
“Ese caso hay que esclarecerlo, detener a los presuntos responsables y lamentamos que vaya transcurriendo el tiempo y no haya resultados. Pero hay que reforzar todas las tareas de búsqueda”, subrayó el funcionario federal.
Encinas dijo que el caso de Miroslava es un reto muy importante, por las complicidades entre políticos y crimen organizado. “Es una obligación fundamental de todo el Estado alentar el derecho a la libertad de expresión, y generar condiciones para que todos los periodistas ejerzan libremente su trabajo, que no haya impunidad en este tipo de crímenes”.
Encinas dio las declaraciones al finalizar la reunión en donde estuvo la gobernadora de Chihuahua con el gabinete de seguridad, del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, así como los once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui beneficiarios de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También acudieron autoridades de la Provincia, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehn), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC) y representantes de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la CIDH.
El caso de Miroslava y de los jesuitas asesinados se conectan porque el implicado en éste último, José Noriel Portillo, es parte de “Los Salazares”, que ordenaron el crimen de la periodista. El hijo del líder de este grupo es testigo protegido en el juicio de uno de los sentenciados por el homicidio de la corresponsal de La Jornada.
En su declaración señaló a su padre, Crispín “N” (prófugo de la justicia), como la persona que ordenó el asesinato y le atribuyó poder para negociar las candidaturas a la alcaldía de Chínipas durante años.
En el caso de Portillo Gil, es acusado de operar en total impunidad, por lo menos diez años en el municipio de Urique, parte de Uruachi y Guazaparez, de controlar la deforestación del bosque, impulsar la venta de cerveza clandestina y el pago de cuotas en diferentes sectores para no hacer daño a las familias, y por ocasionar que cientos de personas indígenas sean víctimas de desplazamiento forzado y cometió una serie de homicidios que lo pusieron en el foco público.
PRESENTARÁN ANÁLISIS DE LOS CASOS DE MIROSLAVA Y JAVIER VALDEZ, EN EL SENADO
La directora de la organización Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dio a conocer que este mismo jueves presentarán el análisis de los casos de Miroslava Breach Velducea (asesinada el 23 de marzo de 2017) y Javier Valdez Cárdenas (asesinado el 15 de mayo de 2017), quien también era corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del medio de comunicación Río Doce.
“Hay muchos otros casos de periodistas, lo que queremos es que exista justicia para todos. Nosotros como asesoras legales, seguimos sosteniendo que el caso de Miroslava sigue en la impunidad porque no todos los responsables han sido llevados ante tribunales de justicia y tratándose de actores políticos, la investigación solamente ha dado hasta el exalcalde de Chínipas”, enfatizó.
Desde Propuesta Cívica, explicó, decidieron retomar los dos casos emblemáticos, tanto para el periodismo, para las fiscalías como instancias de procuración de justicia, como para la sociedad, ya que ambos crímenes impactaron fuertemente la libertad de expresión en el país y en ambos casos hay personas condenadas en prisión y hay autores intelectuales identificados, lo que no sucede con la mayoría de los otros asesinatos de periodistas.
“Pero a la par, los dos casos siguen en impunidad. Entonces, quisimos retomar tanto la investigación para hacer un análisis del actuar de las fiscalías porque ambos iniciaron su investigación en las fiscalías locales y prosiguieron su curso en la Feadle, en la PGR. Lo que buscamos es ese análisis que hemos denominado impunidad sistemática de la investigación judicial”, detalló Mendiola.
Hoy expondrán dentro del análisis, que en las fiscalías locales son el nudo de impunidad en el país, porque las familias y los mismos casos son capturados por esas dependencias estatales.
“Tratándose del delito de homicidios contra periodistas, rebasamos el 95 por ciento de impunidad (…) Si la fiscalía no hace bien su trabajo, si ni siquiera investiga, pues los casos difícilmente llegarán ante los tribunales. Nosotras planteamos que es ahí donde están las ventanas de mejoras en la fiscalía”, acotó.
Y es que la intención, dijo la directora de Propuesta Cívica, es explorar las ventanas de oportunidad que tienen las fiscalías locales y la federal, para modificar lo que sea necesario, respecto de los procesos de investigación y de persecución penal, entre otros.
Sara Mendiola recordó que las investigaciones de delitos contra periodistas deben realizarse de manera inmediata, porque en el 99.9 por ciento de los casos de homicidios, hubo amenazas previas y este delito es subestimado por las autoridades generalmente.
En los casos de Miroslava y Javier, destacó Mendiola Landeros, fue relevante el papel de la prensa que los documentó. “Sus compañeros estuvieron informándose del procedimiento de cada etapa del proceso penal, estuvieron pendientes todo el proceso desde la investigación, cada audiencia hasta llegar al juicio oral (…)
“(…) Desde Propuesta Cívica consideramos que el papel del periodismo en esos dos casos, fue la importancia de que existiera voluntad política, la cual muchas veces es inexistente, pero la diferewncia es el hecho de que sus colegas periodistas estuvieran documentando y exponiendo, que se hubiera informado constantemente. Eso puso presión a las autoridades y les obligó a actuar”, agregó.
En la presentación del análisis estarán presentes la hermana de Miroslava, Rosa María Breach Velducea y la esposa de Javier Valdez, a periodista Griselda Triana. El documento se podrá consultar en el portal de la organización www.propuestacivica.org.mx.
Al concluir la entrevista, Sara Mendiola externó:
“Me preocupa que la Feadle se dé por bien servida con lo que hay hasta el momento y que no impulse más acciones. El caso de Miros es muy complejo, no va a ser fácil por los entramados de complicidad. Es mucho más complejo que el de Javier Valdez por todo el contexto político que permeaba y que todavía está”.
