Por Camelia Muñoz / Heridas Abiertas
Mientras que las autoridades mexicanas presumieron avances en materia forense durante la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los colectivos de familias con personas desaparecidas refutaron lo dicho y expusieron que los dejaron fuera de decisiones.
Señalaron también que no hay atención a los casos de larga o reciente data, como los de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.
Durante la audiencia realizada el pasado 9 de marzo en Los Ángeles, California, se solicitó por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue encabezada por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, además de representantes de la Fiscalía General de la República y los responsables de los Centros de Identificación Humana de Coahuila y Jalisco, así como el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
Uno de los temas con los que se exhibió a la amplia delegación mexicana fue MEIF, propuesto por las familias y que en 2019 el gobierno federal se comprometió con la CIDH a crearlo. Sin embargo, actualmente sólo queda uno de los siete expertos contratados junto con 10 forenses.
Por parte de las familias habló Diana Iris García, madre de Daniel Cantú e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Movimiento Nacional. Señaló las limitaciones que la federación establece en la participación de los planes de trabajo en el tema y denunció que el MEIF está prácticamente disuelto.
“Desde la audiencia del 2019 el Estado se comprometió a respetar ese derecho (de las familias) y desde diciembre del 2021 esto va en retroceso: ha limitado nuestra participación en la mayor parte de la construcción de normas y políticas públicas, los espacios participativos se han convertido en informativos que no garantizan que la voz y la opinión de las familias se contemplen en la definición de los planes y cambios estructurales de la agenda”.
Dijo que en enero les informaron de los cambios del grupo coordinador del MEIF y en el que sólo opera Jairo Hernando Vivas Díaz, sin haberles notificado antes a las familias durante el proceso de desintegración del organismo.
Señaló que otra muestra de que las autoridades no toman en cuenta a las familias corresponde al Programa Nacional de Búsqueda que se presentó por parte de la dependencia a cargo de Quintana Osuna en la víspera de la sesión con la CIDH.
Las familias expusieron que, pese a la firma de colaboración en tres de los estados, el MEIF no tiene claridad en la operación: “ni siquiera con la cantidad de integrantes en los equipos, ni en las estrategias de identificación que se llevan a cabo, además de que existe una competencia con otras instituciones forenses en lugar de coordinarse”. Estas problemáticas provocan el rezago en la identificación.
Jairo Hernando Vivas Díaz, responsable del MEIF, explicó que cuenta con tres convenios macro con las comisiones de Búsqueda de San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Esto fue cuestionado por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, al considerar que es mínimo el trabajo por las 29 entidades federativas que restan.
Señalan rezagos por aparatos burocráticos
Al reclamo de las familias se unió la Adriana Moreno Becerril, madre de Víctor Adrián Rodríguez, desaparecido en Coahuila hace casi 14 años. Ella puntualizó que existen “enormes aparatos burocráticos” que impiden una búsqueda eficiente en vida, además de que prevalece la criminalización hacia las personas desaparecidas al referirse a lo que ocurre en las agencias de Ministerio Público y en las comisiones locales de búsqueda.
También habló de lo que pasa con las buscadoras: “Lo cierto es que ustedes no encuentran a las personas, lo hacemos nosotros. Las familias somos las que logramos avance… la vida no nos ha alcanzado para ver esto y no estoy segura si nos va a alcanzar… Hemos sido asesinadas, hemos sido desaparecidas. Ni los encuentran, ni nos protegen. ¡Nos han fallado!”, señaló.
El caso de la identificación de migrantes también fue abordada en la sesión por parte de Marisol Méndez, de la Fundación para la Justicia y de Comités de Migrantes de México y Centroamérica, quien destacó que se carece de enfoque transnacional y diferenciado cuando se trata de búsqueda de estas personas, además de la falta de colaboración binacional.
Mencionó que desde hace nueve años no se atiende la petición de revisión de la exhumación e identificación de siete cuerpos hallados en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y que se reclama en Guatemala y Brasil.
Dijo que está pendiente la integración de la mesa de búsqueda de migrantes y la Comisión Forense, integrada por la FGR y el Equipo Argentino Forense, ha identificado a 100 de los 190 cuerpos entregados y localizados en tres masacres ocurridas en Tamaulipas y Nuevo León, pero carece de recursos para seguir.
“No se avanza en la búsqueda e investigación, además de que hay la desarticulación y falta de coordinación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda para combatir la crisis forense, lo que ha llevado a la fragmentación de los registros”.
Sobre el caso del defensor comunitario, Antonio Díaz, y el defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes, el hermano de éste último les dijo que el Estado Mexicano falló, pese a las exigencias de organismos internacionales para que redoblaran esfuerzos para su localización.
Bases de datos incompletas
Por parte de las autoridades habló también Patricia Cepeda, representante de la FGR, quien dijo que la creación de la base de datos se encuentra en una segunda etapa, de las cuatro previstas, y que consiste en la integración de las bases de datos de las entidades federativas, para lo cual se visitaron 28 de los 32 estados.
“En estas vistas hemos identificado diagnósticos y necesidades; se establecerán planes individualizados de integración al banco de datos forense a fin de que se incorporen gradualmente con su información al banco nacional”, explicó la funcionaria federal.
Reconoció la falta de metodología uniforme en el registro de la información por parte de las distintas dependencias y carencias tecnológicas, lo que consideró en uno de los retos que tienen en el proceso de la integración de base de datos forenses.
Entre los datos proporcionados por la extensa comitiva del Estado Mexicano, destacan que la base empezó a integrarse desde el 2017 y cuenta con un registro de 616 fosas con mil 264 cuerpos recuperados y en el 2022 se han identificado un promedio de 25 casos mensualmente y el acumulado es de tres mil 352 personas identificadas, contra 15 mil 899 personas desaparecidas y bajo registro en la base de datos forense, más 10 mil 637 fallecidos que están sin identificar y cuyos cuerpos se recuperaron en siete mil 949 puntos.
Quintana Osuna informó que antes de los planes descritos en México había 52 mil cuerpos sin identificar, cientos de miles de fragmentos óseos y miles de sitios de hallazgos de fosas de inhumación, ausencia de protocolos de búsqueda e identificación, no había infraestructura ni recursos humanos y materiales.
*Este texto es publicado gracias a la Comunidad de Medios.
