El pasado martes 1º de octubre de 2024, primer día además del gobierno de la nueva presidenta de México: Claudia Sheinbaum, un grupo de personas migrantes fue atacado por personal militar en Chiapas. Esto en el contexto de una nueva esperanza de política migratoria con el cambio de administración pública federal y también de la militarización de la Guardia Nacional aprobada semanas atrás por la Cámara de Senadores.
Se trata de un hecho totalmente reprochable. Según las primeras indagaciones, fueron privadas de la vida seis personas por parte de personal militar mexicano, tres personas de Egipto, una de Perú, una de Honduras y una más de El Salvador.[1] También fueron heridas en dicho acto más de una decena de personas originarias de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto.[2] Se sabe además que dos militares fueron detenidos y entregados a la Fiscalía General de la República para ser sujetos a una investigación.[3]
Sin embargo, en el fondo de esta lamentable tragedia, hay dos cuestiones sobre las que quisiera dirigir una especial atención. La primera es recordar lo peligrosas y mortales que resultan las rutas migratorias en territorio mexicano, en donde las personas migrantes tienen que lidiar con el control territorial de los grupos de la delincuencia organizada -muchos de ellos dedicados al tráfico y trata de personas- en diferentes puntos del país y, por si fuera poco, también están expuestas al trato degradante, discriminatorio y a violaciones a derechos humanos cometidas por personal del Instituto Nacional de Migración, los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, la Guardia Nacional y el personal militar.
Desde 2018, Dolores Paris[4] ya había advertido sobre la relación existente entre el aumento de la vigilancia de los gobiernos a la migración y la exposición de estas personas a los peligros por huir de tal vigilancia. En esta búsqueda por huir de la visión de las autoridades migratorias se vuelven carnada para una industria de la migración clandestina dedicada al tráfico y trata de personas, extorsiones, secuestros, etc. La industria de la migración es el “conjunto de empresarios, negocios e infraestructuras que, motivados por la búsqueda de ganancias económicas, prestan servicios que facilitan y sostienen la migración internacional”.[5]
La segunda cuestión consiste en la reflexión a que nos deben llevar casos como lo acontecido en Chiapas, en un panorama actual de militarización de la seguridad pública en todo el país. La lógica con la que actúan las instituciones militares dista mucho de una perspectiva de derechos humanos que, en el caso de la política migratoria mexicana, es uno de sus principios fundamentales según lo dispone la Ley de Migración.[6] A esto habría que recordar que, según algunas investigaciones, entre ellas una realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración cuenta entre sus filas, desde 2020, con personal militar o de la marina en retiro ocupando cargos de alto rango, lo que produjo que, de 2020 a 2023 creciera un 500% el número de recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos en contra de dicha autoridad migratoria.[7] He allí la modificación de la lógica de actuar con un enfoque militar y uno administrativo, pues el adiestramiento militar no prepara para una protección de derechos humanos, sino para una simple ejecución de actos de “defensa aparente” que difícilmente mide consecuencias.
De tal suerte que, estas dos reflexiones proyectan un escenario tristísimo para las personas migrantes que transitan o viven en territorio mexicano. Pues son víctimas de una política migratoria que les criminaliza y trata de forma degradante, y que ante la clandestinidad con que deben manejarse para no ser detectados por las autoridades migratorias, quedan expuestas a una industria de la migración clandestina que les extorsiona y mercantiliza sus sueños y aspiraciones de una vida mejor. Aunado a esto, ahora la militarización del país, que se demuestra en que para 2022 había 11 entidades federativas mexicanas con más militares que policías,[8] orilla a que las personas migrantes estén más expuestas a tener contacto con personal de la milicia, con todo lo que esto implica.
Pues lo sucedido en Chiapas muestra que cuando las autoridades militares identifiquen un posible acto de tráfico de personas, dispararán sin piedad, pues en una política migratoria militarizada, los derechos humanos no tienen sentido, detrás de las camionetas que les trasladan no hay vidas, no hay dignidad, no hay niños, niñas, mujeres, hombres, personas, lo que hay es un enemigo que exterminar. Así se entiende ahora la migración con “M” de Militarizado.
[1] Calderón, Verónica, “Los migrantes muertos en confuso episodio con militares en Chiapas son de Honduras, El Salvador, Perú y Egipto, según la fiscalía mexicana”, CNN México, 3 de octubre de 2024. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2024/10/03/migrantes-muertos-militares-chiapas-nacionalidades-orix
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] París-Pombo, M. D. (2016). Trayectos peligrosos: inseguridad y movilidad humana en México. Papeles de población, 22(90), 145-172.
[5] León, R. H. (2012). La industria de la migración en el sistema migratorio México-Estados Unidos. Trace. Travaux et recherches dans les Amériques du Centre, (61), 41-61.
[6] Ley de Migración, artículo 2º. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra.pdf
[7] Ramírez, Miriam, “Militares en migración: acusados de acoso, abuso y corrupción”, El Universal, 22 de septiembre de 2023. Disponible en: https://interactivos.eluniversal.com.mx/2023/militares-migracion/
[8] Ibero CDMX, “En México hay cada vez más militares que policías: PSC IBERO”. Disponible en: https://ibero.mx/prensa/en-mexico-hay-cada-vez-mas-militares-que-policias-psc-ibero
